Duros con la Asamblea y blandos con Botnia

Duros con la Asamblea y blandos con Botnia

Gualeguaychú les quitó la careta

Por Santiago García

La histórica lucha del pueblo de Gualeguaychú puso en evidencia el doble discurso del Gobierno. Cuando necesitaban votos, apoyaron a la Asamblea Ambiental con discurso combativo y etiquetaron el conflicto como “una causa nacional”. Hoy que le deben a Mujica la presidencia de la UNASUR, criminalizan al pueblo entrerriano mientras la empresa finlandesa arruina el medio ambiente.


Una de las pocas cartas que le quedaba al kirchnerismo, para mantener el caricaturesco rótulo de gobierno nacional, popular y progresista, era su supuesta “mano blanda” con los luchadores sociales. El pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, sumado a su desesperación por “volver a los mercados” (imitando al menemismo), no dejaron lugar a la pretendida independencia nacional. La inflación y el festival de subsidios para grandes empresas amigas lo convirtieron en antipopular. Y Gualeguaychú, más la represión en Terrabusi, Baradero, Andalgalá, Bariloche, la ignorada desaparición de Julio López, los casos de gatillo fácil, sumados a los más de 4.000 luchadores sociales procesados, le quitan de un plumazo el falso mote de gobierno progresista.

De todos modos, la actitud que ha tenido el Gobierno Nacional con la masiva y popular lucha que se lleva adelante contra la pastera finlandesa UPM (ex Botnia) merece un análisis especial. Ante todo, se destaca el oportunismo que ha tenido el kirchnerismo, con el matrimonio presidencial a la cabeza. Pasaron de los elogios y el apoyo a la lucha de Gualeguaychú, a la presión sobre la Justicia para que les diera rienda suelta en la persecución de la protesta de la Asamblea, utilizando palabras como “sedición” y usando como instrumento una ley de la época de Onganía. Semejante asedio, a cambio de la presidencia de la UNASUR, que viene a ser el trampolín para Néstor Kirchner 2011, fue pactada con Mujica a cambio del levantamiento del corte. Toda esa presión apenas consiguió una suspensión del corte por 60 días en los cuales nadie espera avances contra Botnia, sino una carrera contra el tiempo para desactivar la lucha y evitar que Arroyo Verde vuelva a cerrar el puente. Si bien el presidente uruguayo abrió la puerta para el monitoreo, hay que tener en cuenta que el verborrágico Aníbal Fernández ya deslizó que duda de la contaminación de la papelera, algo que ni La Haya se atrevió a hacer. Simplemente, la Corte Imperial de Justicia (cuyos jueces son conocidos popularmente en la Costa del Uruguay como “Los Peluca”) destacó que no se pudo comprobar la contaminación. Claro que esa tarea se hace imposible si sólo se toman en cuenta las pruebas de la propia empresa.

Sin embargo, para no correr el eje hacia los intereses mezquinos de unos pocos, la cuestión más importante a discutir debería ser si la protesta que se lleva adelante es justa. En ese sentido, el derecho a la vida que defienden los miles y miles de ciudadanos de Gualeguaychú (fueron más de cien mil en la última marcha) y quienes acompañan su lucha, está por encima de la libre circulación y de cualquier otro derecho que se quiera evocar. En materia ambiental, el principio que rige es el de proteger la naturaleza ante la duda de un riesgo posible, y eso no se cumplió. A su vez, especialistas de la UBA presentaron un informe que da cuenta de niveles de contaminación inéditos. De hecho, ha habido episodios que dan cuenta de olores nauseabundos e intoxicaciones en el río Uruguay, que son sólo muestras de una problemática que seguramente se puede profundizar con el correr del tiempo. Lo más triste de todo, es que la empresa se lleva todas sus ganancias a Europa, y ni siquiera emplea un número considerable de uruguayos que pudieran justificar algún tipo de conflicto de intereses. El tema de la soberanía es otro gran asunto que los gobiernos de ambas orillas se niegan a discutir.

En conclusión, a pesar de los constantes intentos de apagar la lucha de Gualeguaychú, los dos meses de suspensión del corte de Arroyo Verde, son una papa caliente en las manos de los gobiernos de las dos orillas del río Uruguay. Habrá que ver si vence la política de persecución (que incluye a plumas sobrevaloradas como la de Eduardo Aliverti, quien ya destacó la presencia de “campestres” entre los miembros de la Asamblea), o si se impone la voluntad popular del traslado definitivo de la pastera. La unidad, la masividad y la justeza de las medidas que se encaren, serán la clave para conocer la respuesta a esta incógnita. Quizás, de eso dependa buena parte de nuestra calidad de vida.
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