Del Informe NUNCA MÁS - CONADEP

Del Informe NUNCA MÁS - CONADEP.

Centros clandestinos de detención de Las Flores, Monte Pelone, Olavarría

Los partidos de Tandil, Azul, Las Flores y Olavarría fueron severamente castigados por la represión. En su marco territorial se secuestró, torturó y se mantuvo a hombres y mujeres ilegítimamente privados de su libertad, muchos de los cuales aún hoy se desconoce su paradero.
Tal como se desprende de lo referido por los testigos, existió una estrecha vinculación entre estos campos, ubicados en el área de Seguridad 124, cuyo Jefe en el momento de los hechos denunciados era el entonces Teniente Coronel Ignacio Aníbal Verdura, a su vez jefe del Regimiento 2 de Tiradores Blindados de Olavarría. Algunas de las víctimas aparecieron en el Regimiento 10 de Tandil, o en la Cárcel de Azul, correspondientes a la Sub-zona de Seguridad 12, mientras que otros prosiguieron su csutiverio clandestino en la Brigada de Investigaciones de La Plata, ya en jurisdicción de la Sub-zona 11, bajo dependencia del I Cuerpo de Ejército.
Del material examinado se puede concluir que el itinerario más frecuente impuesto a los detenidos era el siguiente:
Refiere Francisco Nicolás Gutiérrez (Legajo N° 2319):
«...que es secuestrado de su casa de la Ciudad de Tandil el 13 de septiembre de 1977. Le preguntan por el domicilio de su hija. Es conducido a Olavarría y luego a Las Flores.
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Al llegar a la Brigada de Las Flores y al no aportar datos sobre su hija es llevado así encapuchado y esposado a la máquina donde le aplican la picana.
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Luego lo llevan a un calabozo, por tres días no le dan de comer y escucha la voz de sus dos hijas. A los cuatro días es conducido a La Plata junto a su hija Isabel y su esposo. En la Brigada de Investigadones de esta ciudad, luego que su hija y su marido fueron llevados a Arana para ser interrogados, los alojan a los tres juntos en una celda».

Por su parte Ricardo Alberto Cassano (Legajo N° 2643) denuncia haber estado secuestrado en el Regimiento de Olavarría, en Sierras Bayas y en Las Flores por espacio de casi dos meses; Carlos Leonardo Genson (Legajo N° 2646) en el Regimiento de Olavarría; Osvaldo Raúl Ticera (Legajo N° 2644) también; Juan José Castelucci (Legajo N° 2642), refiere haber estado en Monte Pelone, en donde dice haber visto a Jorge Oscar Fernández y explica que para aplicarle la picana eléctrica ponían en marcha un generador, agrega que allí lo fotografiaron; y Osvaldo Roberto Fernández (Legajo N° 2645), que es llevado a Monte Pelone.
Mario Méndez, liberado de un centro clandestino de detención de Tandil, trae a la CONADEP un anillo que halló en el interior de un abrigo con manchas de sangre que le fuera entregado mientras estaba prisionero. Exhibido que fue a la señora Lidia Gutiérrez, ésta lo reconoce como el anillo de casamiento de su hermana Isabel (Legajo N° 2320) que permanece desaparecida al igual que su esposo Juan Carlos Ledesma.
En el procedimiento realizado por la CONADEP el 29 de febrero de 1984, los testigos Cassano, Genson, Fernández y Lidia A. Gutiérrez reconocen el vivac de Sierras Bayas o Monte Pelone como el C.C.D. en donde estuvieron prisioneros. Genson dice que desde una carpa en donde dormía vió el escudo nacional, en el frente de un edificio. Que también los platos tenían la inscripción del Ejército Argentino. Fernández reconoce el desnivel de la entrada y el piso de madera de una de las habit aciones y el lugar donde estuvo junto con Genson y Castelucci. Lidia Gutiérrez reconoce la cocina, y expresa que en los platos decía «Ejército Argentino». Individualiza un lugar en donde estaba la guardia.
Cobra especial relevancia el testimonio de Lidia Araceli de Gutiérrez (Legajo N° 1949), quien es secuestrada el 16 de septiembre de 1977 de su casa, en la ciudad de Olavarría:
«...que un grupo armado fue a su casa preguntando por su hermana... que al día siguiente es secuestrada junto con su esposo. Su hermana también fue secuestrada con su esposo Juan Carlos Ledesma y una bebita de ambos de cinco días, que no estaba aún inscripta, fue abandonada en un canasto en la puerta de la Comisaría de Cachari...
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Que durante el viaje iban apilando un cuerpo sobre otro de las personas que iban secuestrando...
Que los llevaron a la Brigada de Investigaciones de Las Flores y refiere que vio a varios secuestrados más cuyos nombres da.
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Se enteró por su madre que en dicho sitio también había estado prisionero y torturado su padre... también encuentra en el baño ropa y un bolso de su hermana... que un grupo va a Monte Pelone y otro a la Brigada de Investigaciones de La Plata, ...que en Monte Pelone, por debajo de la venda puede observar a un soldado con uniforme militar haciendo guardia y mucha gente con traje de fajina... que ese primer día venían de a ratos a golpearlos y a ajustarles las esposas hasta que sangraran las muñecas... que los que torturaban venían de afuera en un Fiat 1500... que la comida era poca y mala y la higiene nula... que a Alfredo Maccarini de Olavarría lo torturaron mucho y la misma noche que lo trajeron se lo llevaron... que no puede asegurar que el coronel Verdura torturara, pero si que era el responsable de Monte Pelone... de ese lugar los que salieron fue éste el resultado: Oscar Femández, muerto, estaba sano; Alfredo Maccarini, desaparecido; Pasucci, alterado mentalment e y Jorge Toledo que pasó como detenido legal y se suicidó en la Cárcel de Caseros...».

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¿Víctimas también del maximalismo?

Programar cambios severos a mediano plazo para contrarrestar a Botnia

¿Víctimas también del maximalismo?

Por Daniel Tirso Fiorotto

Hace cuatro años, cuando la lucha de Gualeguaychú contra Botnia estaba en su apogeo, hubo quienes propusieron acentuarla en aspectos todavía no explorados. Pero se impuso una salida aparente: La Haya. Es comprensible, ¿quién recula un tranco de pollo cuando se siente ganador?


Los entrerrianos apuntaron sus cañones al presidente uruguayo y a la empresa finlandesa. Tenían una alternativa, abriendo la mira y aprovechando la fuerza universal de la embestida socioambiental: exigir al gobierno argentino que garantizara (pero de verdad-verdad) la relocalización con fondos argentinos (en parte), y no en forma inmediata sino a mediano plazo, a 15 años por ejemplo.
Uruguay es un país más chico que la Argentina, en asuntos de cantidad, y hay mil razones para extremar el cuidado de los modos y aventar la soberbia.
Control estricto a corto plazo, relocalización futura, profundo cambio económico y social en la región: quizá se pudo explorar con más convicción ese camino que algunos visualizaban y alguna vez sintetizamos bajo el título “sacarle flores a la derrota”, en homenaje a la “Redota” porque fue en una fecha que recordaba el Grito de Asensio.
No se trataba de que todos cedieran mucho o poco, sino de ser conscientes de que un objetivo puede alcanzarse por vías diversas, y de que la creatividad siempre se hace un lugar.
Pensar que nadie iba a salir herido de esta contienda es un tanto infantil. También es un tanto precario sostener que lograremos nuestras metas, trabajo para muchos y ambiente sano, sólo resistiendo contra Botnia. Los protagonistas de esta historia son conscientes de ello.
Si a la resistencia contra el atropello del norte le añadiéramos un plus para revertir el proceso, con creatividad, con organización, en ese camino también lograríamos fortalecer la resistencia, como en un círculo virtuoso. Al mismo tiempo, un programa para revertir el proceso nos daría gran autoridad ante el mundo entero. Incluso frente a los organismos internacionales.
(Autoridad que en parte se vio mellada, hay que decirlo con la mano en el corazón, por la aceptación de alguna ayudita económica de manos de algún personaje de historieta -aunque votado- y algunos empresarios grandes que han provocado más daños a los entrerrianos que veinte pasteras juntas).
Durante ese lapso que decíamos se podía exigir un monitoreo compartido y una disposición explícita a cerrar la planta cada vez que la contaminación excediera ciertos parámetros. A la vez, se podía desarrollar en la región de Gualeguaychú y Fray Bentos una reforma agroindustrial severa, una feliz reforma, con la tecnología puesta al servicio de las personas en cuerpo y alma (y de la igualdad de oportunidades y del poblamiento genuino y del ambiente sano), bajo la consigna “que los más infelices sean los más privilegiados” que nos viene del fondo de nuestra historia, como un mandato.
Claro, esa reforma sería resistida por grupos concentrados y grandes terratenientes (y parásitos de ese sistema) que en Entre Ríos no han hecho y no hacen más que daño y son, por eso, nuestros enemigos.
El sistema actual tiene sus defensores a dos bandas. Hace poco leíamos por caso a un imbécil uruguayo, Raúl Seoane, que llama “terroristas Gualeguaychusos” a los asambleístas, y opina que el gobierno de José Mujica debería “tomar el toro por las astas, olvidarse del ‘hermanismo’, de la integración latinoamericana y de todas las boberías”. Es un ejemplo del pretendido “analista” que descalifica cualquier cosa que ponga en riesgo el status quo y hay que señalarlo: una reforma no es fácil, cuando hay oídos sordos y detractores por doquier…
Esa reforma, sin embargo, se presentaba como un deber. A la par de superar problemas de trabajo y oportunidades, debía servir de modelo para otros emprendimientos similares en el resto de la región.
Sí, reforma agraria. ¿Tanto cuesta decirlo? Los entrerrianos en general y los gualeguaychenses y gualeyos en particular somos víctimas de un flagelo, el latifundio, un cáncer que pronto cumplirá 500 años, y que es compatible, ese cáncer, con el monocultivo de soja o eucalipto y con las multinacionales que nos parasitan, pero no con el trabajo, no con el arraigo, no son compatibles con la vida.
La propuesta aquella cerraba sólo con la participación de asociaciones civiles, gremios, universidades, organismos públicos, gobiernos de distintos países involucrados y provincias argentinas y municipios; expertos en diversas disciplinas y financistas internacionales que debían otorgar garantías a la producción regional.
Garantías, claro: si aseguran que Botnia no contamina, los grupos financieros (por usar un eufemismo de usureros) deben ofrecer garantías. Como cualquier hijo de vecino.

CUANDO TODOS GANAN
Uruguay ganaba: su gobierno dejaba a Botnia allí por un tiempo. Y ganaba por vía doble: mientras analizaba la relocalización a futuro, debía planificar una reforma agroindustrial sustentable, con apoyo de sus amigos argentinos. Argentina ganaba en su programa necesario de unidad sudamericana, una base sine qua non para el desarrollo verdadero de nuestros pueblos. Y ganaba también por la puesta en práctica de un plan piloto de reforma agroindustrial sustentable tan necesario para el país entero. Y todo al sólo costo de apoyar el traslado de Botnia dentro de 15 años.
Las universidades y otras entidades ganaban por su participación en el proyecto de reforma agroindustrial. Botnia, que había recibido garantías, podía quedarse un tiempo y planificar su futuro. Y los gualeguaychenses ganaban porque se aseguraban: un monitoreo riguroso, un plan de inversiones para los microemprendimientos y las pymes y cooperativas de región, trabajo para muchos, arraigo, erradicación del latifundio estrangulador, y un crecimiento sostenido en ambos márgenes del río Uruguay. Y se aseguraban, para un futuro no tan lejano, el río libre de megapasteras. Además, eso los alejaba de una posible victoria a lo Pirro.
Para comprender esto, deben medirse mil factores que sería largo detallar, y entre ellos el estado emocional de los pueblos en las dos bandas, los riesgos de desencuentros y rencores, los riesgos que genera la permanencia de una megapastera en el Uruguay, las contradicciones de los gobiernos de la Argentina, el Uruguay y la provincia de Entre Ríos; la globalización. Y deben medirse los riesgos, para Uruguay y la Argentina, de continuar con sus políticas de concentración de las riquezas y predominio de las multinacionales.
Bueno: ideas como ésta tuvieron eco favorable en pocos gualeguaychenses y fraybentinos, pero en general fueron ignoradas. No discutidas, no rebatidas: ignoradas.
No debe sorprender, porque no contenían una receta para salir del conflicto. Sólo pretendían mostrar una actitud, la actitud de abrir un abanico de posibilidades para intentar una salida que no fuera La Haya y que, por supuesto, aventara cualquier posibilidad de violencia. Hermandad, creatividad, reforma estructural. Ese es el camino.
La violencia de una jornada demandaría décadas para cicatrizar. Los gobiernos tuvieron altísima responsabilidad por sus pésimas (y caras) diplomacias y su falta de compromiso por la unidad sudamericana, y pusieron a la comunidad ante el riesgo cierto de la violencia estéril.
Hay que recordar que, entonces, la lucha de Gualeguaychú había alcanzado una fuerza extraordinaria, era tapa de la mayoría de los medios casi todos los días y en ciertos sectores de poder generaba poco menos que miedo.
Precisamente en ese instante en que la Asamblea se encontraba con poder, era difícil pero necesario avanzar en una propuesta que buscara el bien de los pueblos, y sabemos que no pocos intentaron opciones, con escasos frutos.
El fallo de La Haya limó en 2010 la fuerza de la Asamblea. Ahora es más difícil exigir aquellos cambios profundos que permitieran rodear a las megaempresas como quien encierra el fuego mediante contrafuegos, para controlarlo y sofocarlo.
Si de los organismos diplomáticos no salían soluciones creativas, esas soluciones pudieron salir del pueblo entrerriano. No de los gobiernos de la provincia, más privatistas, más neoliberales, más corruptos, más aliados a las multinacionales (y por lejos), que los gobiernos orientales; sino del seno del pueblo, de las organizaciones de base, de las asambleas.
Son los entrerrianos y orientales los que están obligados a una conciencia mayor de unidad, de vuelo alto, de unidad en el camino a la independencia.
Desde aquí, y asumiendo nuestra historia profundamente federal, distribucionista, revolucionaria que bebimos en José Artigas, hoy estamos bien a tiempo de volver a mirar el problema que originó la irrupción de Botnia no en forma aislada sino en un sistema. Tratar de comprender el modelo integral, las circunstancias, para reconocer el rol de cada actor, incluidas las pasteras, y pensar desde allí las formas de superar el conflicto.

MIRAR EL SISTEMA

Ayuda reconocer la voracidad de las multinacionales (Cargill, Walmart, Carrefour, Repsol, Monsanto, etc.; Botnia misma), y su incompatibilidad con los proyectos revolucionarios de hace 200 años. Los daños que provoca la concentración de las riquezas en pocas manos y la expulsión de habitantes (pooles, terratenientes, banca, combustibles...). Los males que ocasiona en nuestros hogares el flagelo de la deuda externa fraudulenta y la corrupción, y la vigencia, hoy más que nunca, del colonialismo angloestadounidense con su fenomenal avanzada en el Atlántico Sur (que desmoraliza y saquea). La debilidad que nos genera el incumplimiento de las bases mismas de la Constitución, con un régimen unitario que todo lo manipula, y con arbitrariedad, desde la Casa Rosada, desde una Metrópolis que jamás comprendió cabalmente la comunión de la Argentina y Sudamérica. Y ayuda, también, pensar en la diferencia entre el deber, por un lado, y el maximalismo focalizado por otro.
Si nuestro deber es asegurar trabajo genuino a las personas, en un ambiente sano, en una economía sustentable, solidaria, con libertad, con oportunidades para todos, y en una Sudamérica unida e independiente en desarrollo equilibrado, que sepa frenar al imperialismo y la globalización, entonces está claro: poner a Botnia en la mira puede ser una virtud, un deber, pero poner sólo a Botnia en la mira sin planificar la necesaria reforma en la estructura socioeconómica regional puede resultar contraproducente.
Si no es desde un espíritu reformista o revolucionario, si no es anclada en hondas convicciones sudamericanas, en nuestra más profunda identidad antiimperialista, la conmovedora lucha contra las pasteras del norte corre el riesgo de esfumarse en la confusión, en el interés inmobiliario, sino en una suerte de narcisismo colectivo. Nos provoca volver a leer, por eso, el último documento que escuchamos en el puente internacional ante una multitud.
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Corte al corte: no podía terminar de otra manera

Para una crónica de la manipulación peronista

Corte al corte: no podía terminar de otra manera

Por Américo Schvartzman
Especial para Río Bravo

El mismo pseudoprogresismo que la alentó en una medida poco razonable, concluyó su relación con la Asamblea de Gualeguaychú acusándolos ante la justicia por delitos tan graves como “homicidio culposo, extorsión, privación de la libertad, amenazas, daños a bienes públicos, atentado al orden constitucional y encubrimiento”. La denuncia no es sólo penal, sino también civil, para hacerles pagar los daños causados desde 2006. El gobierno eligió criminalizar la protesta social en el momento de mayor debilidad de la Asamblea, en una muestra de la oportunista e irresponsable improvisación con la que manejó el conflicto. Ni siquiera verificó que funcionarios como Kirchner, Urribarri y Busti –entre muchos otros nacionales, provinciales y municipales– están incursos en los mismos “delitos” que ahora denuncia, a los que se agrega el Art. 235 del Código Penal.


Tal cual lo señalan autores como Maristella Svampa y Claudio Pandolfi, “en consonancia con la permanencia de la matriz neoliberal, la profundización de la criminalización de la protesta social expresa la voluntad del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población”(1). El constitucionalista Roberto Gargarella –estudioso del “derecho a la protesta”– ha explicado la complejidad que se pone en juego en la protesta social cuando ella muestra los límites del Estado y de la Justicia en su respuesta a la ciudadanía, y lo ha resumido con una expresión que quizás es la mejor síntesis: “Los problemas sociales nunca deben ser atendidos con el Código Penal en la mano”(2).

Contradiciendo a Gargarella y confirmando a Svampa y Pandolfi, los Kirchner son “progres” tan originales que a la protesta social de Gualeguaychú decidieron atenderla con ambas manos: en una el Código Penal, y en la otra el Código Civil.

Como si de un actor más se tratara, y no del encargado de llevar adelante las políticas públicas de la Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional se presenta como querellante, acusando a los asambleístas de una serie de graves delitos. ¿Cree que con eso solucionará la controversia que alimentó durante tantos años, o sólo vuelve a intentar “patear la pelota para adelante”? Ni lo uno ni lo otro.

A otros movimientos sociales o a sus dirigentes también se los ha procesado judicialmente desde hace años –eso es precisamente lo que se denuncia con el nombre de “criminalización de la protesta social”– pero siempre han sido denuncias "penales", nunca "civiles". La diferencia estriba en que si los imputados son hallados culpables tienen que pagar daños, indemnizacion, resarcimiento, etc, a los perjudicados por sus actos (además de las costas del juicio). Veamos lo que argumentó Aníbal Fernández: “Aparte de los elementos probatorios y estas conductas denunciadas, hemos presentado denuncia civil sobre los mismos responsables. ¿Por qué denuncia civil? Porque estamos denunciando la responsabilidad de quienes han generado acciones como cierres de centenares de negocios, de la pérdida de trabajo del transporte, de la pérdida de trabajo del turismo, de la perdida de exportaciones e importaciones que han impactado duramente en los pueblos aledaños, de imposibilidades de movimientos de producciones de productos argentinos colocados en el Uruguay, de la compra eventualmente de productos uruguayos que necesitan los argentinos, de situaciones de varias características que ameritan que también tengan sanciones civiles”(3). En criollo: los que se animen a mantener el corte van a tener que pagarles a todos los perjudicados por ese corte desde 2006 hasta nuestros días. Ahora bien: si estos supuestos delitos se vienen produciendo desde hace casi cuatro años ¿por qué denunciarlos ahora?

El Gobierno ha pretendido justificar su decisión con un argumento central: “recuperar la relación con la República de Uruguay” para lo cual se requiere “cumplir el fallo de la Corte Internacional de La Haya”, según palabras del ministro Fernández. Añadió: "Es preciso dar un corte definitivo a la situación luego del fallo de La Haya y no permitiremos que nadie se arrogue el derecho de desconocerlo"(4).

No obstante, se trata una falacia. Esto se revela en los fundamentos de la resolución del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, al señalar la relación de correspondencia que debe existir entre el derecho de protesta y la capacidad del Estado de responder a dicha petición de manera razonable. Allí se califica al corte de la ruta 136 como “desproporcionado e irrazonable”, adjetivos que no aparecen como apresurados si se analiza la medida de fuerza en términos de ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades. El juez explica, citando al constitucionalista Linares Quintana, que “en un Estado cuyos poderes están limitados y en el que los derechos de los individuos se encuentran garantizados, si bien teóricamente no hay restricción para pedir, técnicamente se sobreentiende que sólo ha de solicitarse aquello a que se tiene derecho y que la autoridad a la cual se peticiona está constitucionalmente autorizada para otorgarlo. Solicitar al poder público algo que éste no se halle autorizado para conceder no solamente es absurdo, sino también contrario a la ética cívica que debe privar en las relaciones entre gobernantes y gobernados”(5). Es decir: una cosa es cortar una ruta para pedirle al Estado argentino que haga todo lo posible para impedir que se instale una empresa en un país vecino y otra cosa distinta es pedirle al Estado argentino que desmantele una planta industrial de un país extranjero. Esto último es claramente absurdo. En ese sentido, lo que podía razonablemente hacer el Estado argentino lo hizo hace cuatro años: fue, precisamente, la denuncia del país vecino ante la Corte Internacional de Justicia, presentada el 4 de mayo de 2006. Dicho de otro modo, el corte es irrazonable desde que la Argentina acudió a La Haya, y no desde el fallo, lo cual demuestra que el argumento enarbolado por el ministro resulta falaz.

De manera que tanto los delitos que supuestamente justifican la denuncia penal como la civil, tienen poco que ver con el fallo de La Haya. En ambos casos se trata de situaciones que llevan años. Y si se aceptara la argumentación con la que hoy se pretende dar fundamento a la presentación de la querella, debería entonces concluirse que este mismo Gobierno durante casi cuatro años mostró desentendimiento, negligencia o manifiesta desidia ante hechos a los cuales (ahora) califica como gravísimos.

Los delitos imputados a los activistas gualeguaychuenses tienen penas que van hasta quince años de prisión, y casi todos ellos están tipificados en el título octavo del Código Penal, bajo la nomenclatura de “Delitos contra el orden público”, desde el artículo 209 en adelante. Significativamente, el mismo Gobierno que poco tiempo atrás los calificaba como ejemplo de lucha por los derechos colectivos, la misma gestión que armó una puesta en escena en el Corsódromo de Gualeguaychú y dictaminara que la protesta de la Asamblea era “causa nacional”, ahora considera “sediciosos” y “delincuentes” a quienes cortan la Ruta en Arroyo Verde. Pero no se trata de un “cambio de estrategia” del oficialismo. Se trata de una nueva y perversa manipulación de los hechos y de las personas, una nueva expresión del cinismo con el que ha gestionado esta controversia a lo largo de estos años. La desmesura alentada primero es ahora calificada como delictiva por los mismos que la entronizaron como ejemplo social. El “progresismo” kirchnerista que aseguraba que jamás criminalizaría la protesta social, acaba de imputarles delitos gravísimos a quienes se vieron empujados por la irracionalidad alentada desde los encargados de velar por las instituciones públicas, en lugar de apoyar las salidas dialogadas y mesuradas que fueron propuestas en vano todos estos años por diferentes actores.

Sería interesante preguntarle a Aníbal Fernández por qué no promovió acciones similares contra Néstor Kirchner, Jorge Pedro Busti, Sergio Daniel Urribarri y demás funcionarios nacionales, provinciales y municipales, que se encuentran incluidos en otro de los artículos que integran ese capítulo del Código Penal, a saber el Art.235. ¿Qué dice? Transcribimos textualmente: “Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena”. Ni siquiera es necesario enumerar las numerosas acciones que los comprometen en ese sentido. Son públicas.

Los motivos de la lucha de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú siguen vigentes y son legítimos en su preocupación por la posible contaminación de su ciudad y su río; que no han recibido respuestas razonables desde el Estado durante más de un lustro, y por el contrario fueron objeto de una estrategia zigzagueante, oportunista e indigna de ser parte de una política de Estado, que indudablemente debió haber sido abordada de otro modo y en relación a lo cual algunos nos cansamos de advertir que era necesario abandonar hipérboles y desmesuras y avanzar en otros sentidos(6). En el mismo sentido, hoy debe señalarse con severidad que es inadmisible que el mismo Estado que alentó aquellas luchas, califique como “delincuentes” y “sediciosos” a los vecinos de Gualeguaychú, que tienen el enorme mérito de haber hecho avanzar la conciencia ambiental en la Argentina como nunca antes, así como el de haber instalado la idea de “licencia social”, que marca una dirección de profundización de la democracia en camino de una sociedad más participativa e inclusiva.

La perversidad en el manejo de este conflicto, plenamente consciente del alcance de la acción civil (quizás por aquella frase de Perón de que “la víscera más sensible de los argentinos es el bolsillo”, la vulgarización reduccionista con la que se procesa en el PJ el viejo apotegma marxiano del determinismo economicista) logró sus frutos: el pasado 16 de junio la Asamblea de Gualeguaychú resolvió levantar la medida de fuerza. Ahora será importante entonces exigirle al Ejecutivo que desista de su condición de querellante en la causa, de manera de dejar de lado ese camino poco democrático de atender problemas sociales con el Código Penal en la mano, y por el contrario, retomar el diálogo y la búsqueda de consenso.

*Américo Schvartzman (Concepción del Uruguay, 1969) Docente en Filosofía, periodista, humorista gráfico, dirigente socialista. Dirige “La Vanguardia”, periódico del PS de la Argentina. Fue convencional constituyente en Entre Ríos en 2008. Integra la cooperativa de periodismo y cultura “El Miércoles”. Integra la Junta Americana por los Pueblos Libres. Se lo puede contactar en yuarman@gmail.com

Notas:
1)- M. Svampa y C. Pandolfi, “Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina”, en Revista del OSAL Nº 14, 2004.
2)- Entrevista en “La Vanguardia”, noviembre de 2009.
3)- Sitio oficial de la Presidencia de la Nación. “El gobierno no reprimirá a los asambleistas de Gualeguaychú pero iniciará una querella por el corte”, miércoles, 09 de junio de 2010. Disponible en http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7282
4)- Idem. Sitio oficial de la Presidencia de la Nación.
5)- Fallo del Juez Pimentel. Disponible en el Centro de Informaciones Judiciales. www.cij.gov.ar
6)- Un punto de inflexión, señalado en aquel momento por diferentes voces que pretendían llevar sensatez, fue el cambio de consigna, en 2004, cuando se pasó del “No a la contaminación” inicial al “No a la papelera” con el que se marchó hacia una conflagración de todo o nada. También se marcó las incoherencias a las que conducía dicha consigna. Una lucha “antipapelera” consecuente debería empezar por exigir el cierre de todas las papeleras existentes en la Argentina.
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La pasta de la quinta columna progresista

Botnia y la trampa de los hermanos “progre” del capital transnacional

La pasta de la quinta columna progresista

Por Mauricio Castaldo

La lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú abrió una nueva etapa en la historia regional y sudamericana. A través de la acción popular directa ha puesto fuertemente en discusión el modelo hegemónico de contaminación y saqueo, y ha abierto un camino de lucha ambiental anticapitalista, que sólo se hará camino al andar colectivo de nosotros mismos.


Está muy claro que sin el corte y la lucha, nada del modelo pastero-monoproductivo ecocida sería conocido bien públicamente ni cuestionado como se lo cuestiona hoy en día.
Y la profundización de la lucha va superando límites en forma extraordinaria. El último documento de la Asamblea leído en el Puente en este 2010 es una muestra cabal de ello: con fundamentos contrahegemónicos sólidos, los ambientalistas cuestionaron el fallo imperial del Tribunal de La Haya y la complicidad de los estados uruguayo, argentino y entrerriano con el capital multinacional, con la contaminación y con el saqueo. Ya dijeron un par de barbudos alemanes, allá por 1848, que los estados nacionales instituidos no son más que juntas que administran los intereses de la burguesía.
Nadie ha demostrado un camino mejor para lograr que Botnia se vaya y para avanzar en la lucha contra este modelo político dominante. Todos los que han puesto reparos o han querido moderar o intermediar lo han hecho siempre para frenar la lucha y para dar lugar al desarrollo de grandes intereses políticos y económicos.
Frente a la crisis estructural de las infames lógicas civilizatorias occidentales del mercado y de su representación política, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reactivó en nuestra región el protagonismo popular en las políticas de resistencia a través de las prácticas de democracia directa, que deben ser ejemplo político y pedagógico para todos, más que nunca.
La lucha recién está empezando en este largo día después de mañana que tenemos que frenar. Y allá adelante de los debates, paradojas y desafíos actuales, hay un futuro mejor esperándonos. En el horizonte de la discusión ciudadanía vs piquete, hay un piquete sudamericano por la vida y una ciudadanía piquetera, que frente a la inmundicia infinita de la partidocracia mercantil y la compra-venta de voluntades, prensa y conciencias, es la única forma de ser persona digna y de empezar a construir una ciudadanía plena. Superar miedos y prejuicios servirá para el encuentro definitivo en la lucha de las clases y causas populares. La riqueza y el potencial que tiene el debate de la Asamblea de Gualeguaychú es extraordinario.
La radicalización de la ética política ambientalista, las propias contradicciones del poder político argento y la revitalización colectiva de los ideales artiguistas sudamericanos, liquidó el discurso de la “causa nacional” kirchnerista. De los discursos de los progresismos nacionales pseudochauvinistas pasamos a los discursos de los progresismos nacionales fraternos -pepista y kirchnerista-. La trampa del chauvinismo -que no está cerrada- se articuló con la nueva trampa progresista.
Eso sí, quedó clarísimo que la nueva fraternidad política entre los progres de las dos orillas era una fraternidad superestructural, una hermandad-en-el-mercado (con guiones existenciales heideggerianos, peronistas y emepepistas): la causa nacional se transformó, se sinceró, como kausa nacional kerellante. El progresismo berreta liberal postmoderno es un progresismo que utiliza letra de Onganía para atacar judicialmente ahora a los ambientalistas entrerrianos. Los progres cambian de piel pero siempre juegan a favor del capital y de la partidocracia rastrera, y en contra de la lucha popular, de la democracia directa y de la transformación ecológica y social, que pone en peligro las propias bases de sustentación del régimen de cosas existente.
La hermandad corporativa de los que transan y traicionan debe ser enfrentada firmemente por la hermandad de los que luchan. La quinta columna de estos pagos es la hermandad de los caín que buscan ensuciar el nombre de Artigas: mientras su gobierno k -el gobierno del progresista Aníbal Fernández y de todos esos grandes dirigentes nacionales y populares- hambrea a los trabajadores y al pueblo y amenaza penalmente a los asambleístas, el diputado Barrandeguy sale a hablar -con algún colega frenteamplista y algún intelectual universitario siempre abierto y predispuesto- de la “hermandad artiguista” para profundizar el ataque ideológico contra el corte y contra la lucha, y para dejar despejado el camino a Botnia y al saqueo. La quinta columna progresista es el brazo político y legal de Botnia, del mercado y del saqueo.
La quinta columna va a ser derrotada, porque cuando la cara se termina de poner dura se resquebraja y se termina cayendo sola a pedazos. Se multiplican en todo Entre Ríos las firmas solidarias con los asambleístas en la kerella legal de los progresistas con precio.
El desafío de la Asamblea es potenciar su autonomía y su independencia del Estado, de los partidos, de la prensa operadora y del mercado, y aunar esfuerzos en la acción directa junto a ecologistas y militantes populares uruguayos y altermundialistas. Hay que dejar sin recursos económicos y políticos a Botnia y para eso hará falta un salto solidario internacionalista y autónomo en la lucha.
La asamblea recompone fuerzas después de una discutida tregua que dejará sin sentido las mentiras y las últimas trampas de los hermanos progre del capital.
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*Prof. Mauricio Castaldo
AGMER María Grande
Foro Artiguista Entrerriano
22/6/2010-Para Río Bravo
mauriciocastaldo@gmail.com

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Duros con la Asamblea y blandos con Botnia

Duros con la Asamblea y blandos con Botnia

Gualeguaychú les quitó la careta

Por Santiago García

La histórica lucha del pueblo de Gualeguaychú puso en evidencia el doble discurso del Gobierno. Cuando necesitaban votos, apoyaron a la Asamblea Ambiental con discurso combativo y etiquetaron el conflicto como “una causa nacional”. Hoy que le deben a Mujica la presidencia de la UNASUR, criminalizan al pueblo entrerriano mientras la empresa finlandesa arruina el medio ambiente.


Una de las pocas cartas que le quedaba al kirchnerismo, para mantener el caricaturesco rótulo de gobierno nacional, popular y progresista, era su supuesta “mano blanda” con los luchadores sociales. El pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, sumado a su desesperación por “volver a los mercados” (imitando al menemismo), no dejaron lugar a la pretendida independencia nacional. La inflación y el festival de subsidios para grandes empresas amigas lo convirtieron en antipopular. Y Gualeguaychú, más la represión en Terrabusi, Baradero, Andalgalá, Bariloche, la ignorada desaparición de Julio López, los casos de gatillo fácil, sumados a los más de 4.000 luchadores sociales procesados, le quitan de un plumazo el falso mote de gobierno progresista.

De todos modos, la actitud que ha tenido el Gobierno Nacional con la masiva y popular lucha que se lleva adelante contra la pastera finlandesa UPM (ex Botnia) merece un análisis especial. Ante todo, se destaca el oportunismo que ha tenido el kirchnerismo, con el matrimonio presidencial a la cabeza. Pasaron de los elogios y el apoyo a la lucha de Gualeguaychú, a la presión sobre la Justicia para que les diera rienda suelta en la persecución de la protesta de la Asamblea, utilizando palabras como “sedición” y usando como instrumento una ley de la época de Onganía. Semejante asedio, a cambio de la presidencia de la UNASUR, que viene a ser el trampolín para Néstor Kirchner 2011, fue pactada con Mujica a cambio del levantamiento del corte. Toda esa presión apenas consiguió una suspensión del corte por 60 días en los cuales nadie espera avances contra Botnia, sino una carrera contra el tiempo para desactivar la lucha y evitar que Arroyo Verde vuelva a cerrar el puente. Si bien el presidente uruguayo abrió la puerta para el monitoreo, hay que tener en cuenta que el verborrágico Aníbal Fernández ya deslizó que duda de la contaminación de la papelera, algo que ni La Haya se atrevió a hacer. Simplemente, la Corte Imperial de Justicia (cuyos jueces son conocidos popularmente en la Costa del Uruguay como “Los Peluca”) destacó que no se pudo comprobar la contaminación. Claro que esa tarea se hace imposible si sólo se toman en cuenta las pruebas de la propia empresa.

Sin embargo, para no correr el eje hacia los intereses mezquinos de unos pocos, la cuestión más importante a discutir debería ser si la protesta que se lleva adelante es justa. En ese sentido, el derecho a la vida que defienden los miles y miles de ciudadanos de Gualeguaychú (fueron más de cien mil en la última marcha) y quienes acompañan su lucha, está por encima de la libre circulación y de cualquier otro derecho que se quiera evocar. En materia ambiental, el principio que rige es el de proteger la naturaleza ante la duda de un riesgo posible, y eso no se cumplió. A su vez, especialistas de la UBA presentaron un informe que da cuenta de niveles de contaminación inéditos. De hecho, ha habido episodios que dan cuenta de olores nauseabundos e intoxicaciones en el río Uruguay, que son sólo muestras de una problemática que seguramente se puede profundizar con el correr del tiempo. Lo más triste de todo, es que la empresa se lleva todas sus ganancias a Europa, y ni siquiera emplea un número considerable de uruguayos que pudieran justificar algún tipo de conflicto de intereses. El tema de la soberanía es otro gran asunto que los gobiernos de ambas orillas se niegan a discutir.

En conclusión, a pesar de los constantes intentos de apagar la lucha de Gualeguaychú, los dos meses de suspensión del corte de Arroyo Verde, son una papa caliente en las manos de los gobiernos de las dos orillas del río Uruguay. Habrá que ver si vence la política de persecución (que incluye a plumas sobrevaloradas como la de Eduardo Aliverti, quien ya destacó la presencia de “campestres” entre los miembros de la Asamblea), o si se impone la voluntad popular del traslado definitivo de la pastera. La unidad, la masividad y la justeza de las medidas que se encaren, serán la clave para conocer la respuesta a esta incógnita. Quizás, de eso dependa buena parte de nuestra calidad de vida.
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Ecos de la negligencia

Ecos de la negligencia

Por Alberto Dorati

Las aguas mansas del Río Uruguay siguen su recorrido y acarician por igual sus riberas. El protagonista de tanto conflicto, pareciera ignorar toda esta parafernalia de movilizaciones, juicios, críticas, peleas y enfrentamientos. Para él no existen las fronteras, ni los intereses de soberanía, ni los efectos socio económicos negativos. El río de los pájaros sólo siente que algo está cambiando en su seno y que su agua dulce y fresca se descompone. Él, como integrante de un gran cuerpo natural, sabe que los únicos culpables de estos males son esos seres que andan en dos patas aplastándolo todo como si no formaran parte de ese universo natural, sirviéndose a su antojo sin medir consecuencias. Esos seres, siempre han creído que la naturaleza está a su disposición, para satisfacer sus necesidades y más.

Siempre me imagino las cosas horrendas que la naturaleza nos espetaría en la cara si cada uno de sus integrantes pudiera expresarse. De todos modos, podemos comprobar el modo silencioso pero contundente que la naturaleza tiene para mostrarnos su enojo, cuando los ríos derraman sus aguas, los vientos desatan su furia y la tierra tiembla. Es entonces cuando los seres humanos nos asomamos a nuestra insignificancia y comprobamos que no somos capaces de dominar ni nuestros propios instintos.
Eduardo Galeano dice que “caminar es un peligro y respirar es una hazaña en las grandes ciudades del mundo del revés. Quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen”.
Afortunadamente, hay pequeñas señales que nos alientan a pensar que algo está cambiando en nuestra mentalidad y que finalmente vamos entendiendo que este barco en el que viajamos todos debe ser cuidado.
Las valiosas movilizaciones que se han producido en defensa del ambiente, en Esquel, Gualeguaychú, Andalgalá y muchos otros, hacen resurgir la esperanza de un futuro ampliamente comprometido con este valor esencial para la vida.
Lamentablemente, no todos caminamos en el mismo sentido y no todos estamos dispuestos a despojarnos de los intereses individuales que nos carcomen por dentro.
Los reclamos de la población de Gualeguaychú comenzaron en Octubre de 2003, cuando en las costas uruguayas aún no había ni siquiera un poste plantado en aquellos predios donde se decía que se iban a instalar fábricas de pasta de celulosa.
En aquél tiempo, la demanda de este pueblo fue minimizada. Desde el poder, argentino y uruguayo, simplemente se lo vio como una tonta idea de algunos fanáticos ambientalistas que andaban molestando con sus ideas exageradas.
Sin embargo, era ese el momento en el que hubiera sido necesario actuar con racionalidad y cordura. De ese modo, nos hubiéramos evitado todo este desgaste confrontativo que hoy nos ensucia, nos distorsiona.
Una vez más, la negligencia fue el centro de la escena. Quienes tienen las herramientas para encauzar y solucionar las demandas del pueblo fallaron una vez más, haciendo caso omiso a la voz del soberano.
En el medio quedamos los condenados, Gualeguaychuenses y Fraybentinos. Como ciegos al borde de un precipicio anduvimos tanteando los modos de superar la situación, pero lo único que logramos fue más enfrentamiento.
Gualeguaychú reaccionó organizándose con la figura de Vecinos Autoconvocados primero, y en Asamblea Ciudadana después. Por su lado, los fraybentinos endurecieron la postura y afloraron entre ellos viejos resentimientos por errores históricos del pasado que nos dividieron en lugar de hermanarnos bajo una misma bandera.
Aún resuenan en mis oídos aquellas expresiones de pobladores fraybentinos en la plaza principal: “Que acá no vengan los argentinos a meterse en nuestra vida”, “Prefiero morir de cáncer antes que morirme de hambre”, “En Fray Bentos queremos trabajo, no hambre”.
Otra vez la necesidad y la desesperación por tener un trabajo dejaban la bandeja servida para que los chupasangre asentaran sus colmillos. La legítima demanda de una vida digna fue muy bien aprovechada por los finlandeses y las promesas de trabajo y bienestar bajaron como cataratas en el comercio, en las escuelas, en los medios de comunicación, ante los ojos deslumbrados de un pueblo que vislumbraba que al fin se terminarían sus penurias.
De este otro lado del río, ya tenemos una extensa experiencia en ese sentido y advertimos claramente cuál era el verdadero final de esta historia. Final que hoy se patentiza crudamente cuando Fray Bentos sigue con el más alto índice de desocupación, cuando la mano de obra local empleada en Botnia es mínima, el sistema de salud es deficiente y ante eso nadie ofrece una respuesta. El cambio no llegó y ya nada será igual. Ahora, los custodia un gigante que por las noches brilla más que la misma ciudad y larga bocanadas de vapor y humo por su negra chimenea.
La Asamblea Ambiental comenzó a desandar sus primeros pasos, en una experiencia inédita para los Gualeguaychuenses. Costó mucho entender la horizontalidad y, como siempre ocurre, aparecieron las contradicciones, los intereses, los fundamentalismos y toda clase de miserias humanas. También aparecieron los espíritus generosos, los que ponen el corazón y el alma, comprometidos por convicción, resignando muchas cosas personales en pos de la causa.
Se tomaron decisiones, se dijeron cosas importantes y también algunas barbaridades, pero no se puede soslayar que la movilización popular ha marcado un antes y un después en la agenda de los políticos y de los gobiernos de ambas orillas.
Hubo aciertos y errores, honestos y oportunistas, mansos y violentos. En definitiva, ocurrió lo previsible, teniendo en cuenta que el desafío que se presentaba era de una magnitud impensable y se lo tomaba con un formato de organización que antes nunca se había ensayado.
Están quienes despotrican contra Botnia en las marchas, luego se bajan de sus autos lujosos y se dedican a envenenar la tierra con generosas porciones de glifosato. Otros que se manifiestan contra la multinacional finlandesa, pero cuando vuelven de Arroyo Verde hacen una parada en Carrefour. Y están aquellos verdaderamente comprometidos con la necesidad de cuidar este paraíso que nos rodea, preocupados por la herencia que dejarán para sus hijos y nietos, valorando y respetando la tierra y el agua como los bienes esenciales para la vida.
Más allá de todas estas consideraciones, todo este desgaste al que hemos sido sometidos pudiera haber sido evitado si ambos gobiernos hubiesen trabajado a conciencia desde el principio, sin declaraciones rimbombantes, sin discursos confrontativos, a través de un diálogo humilde y generoso que dos pueblos hermanos se merecen.
Ya lo había dicho el Gral. José Gervasio Artigas. “La causa de los pueblos no admite la menor demora”. Sin embargo, los gobiernos de ambas orillas fueron muy remolones. En el Uruguay han pensado que la causa del pueblo era tener una gran fábrica a orillas del pueblo, aún cuando el ex presidente Tabaré Vázquez hizo una encendida defensa del medio ambiente en un discurso de campaña en Mina Corrales. En Argentina ni siquiera pensaron que la defensa del ambiente haya sido una causa del pueblo.
Fueron innumerables las mentiras que bajaron desde el poder. Ellos mismos ingresaron al brete de “la causa nacional”. Usaron una causa noble para arrimar agua a su molino. Sin embargo, cuando el panorama fue adverso para sus intereses, borraron con el codo lo que habían escrito con la mano y la ofensiva estuvo cargada de furia. Llegó la amenaza del juicio por los delitos más graves y horrendos, tirando “la causa nacional” a lo más profundo del retrete.
Ineficiencia y oportunismo. Un combo tan maloliente como el ácido sulfídrico de la chimenea de Botnia.
Ahora se abrió una nueva posibilidad. Con la conducta sabia que sólo los pueblos pueden tener, triunfó la cordura y la racionalidad. Es el momento ideal para que ambos gobiernos demuestren que aún les resta algo de dignidad.
Argentinos y Uruguayos compartimos un origen y un destino, cobijados por los ideales federalistas de Artigas. Sería esta una gran oportunidad para retomar los hilos de la historia y empezar a tejer la patria grande que soñaron nuestros próceres. Es claro que para esto hay que estar a la altura de las circunstancias y entre nuestros representantes, por ahora, veo un poco lejana esa posibilidad.
Deseo equivocarme. Nunca tuve tantas ganas de errar en un comentario y tener que retractarme pidiendo disculpas mil veces. Lo haría con todo orgullo si en el futuro cercano comprobara que la negligencia quedó sepultada en el recuerdo.
Creo firmemente en la voluntad de los pueblos para encontrar los caminos necesarios. Al decir de nuestro gran Ernesto Sábato: “La historia no es mecánica, porque los hombres son libres para transformarla”, confío en que podamos ser lo suficientemente inteligentes como para no seguir cayendo en los abismos insondables de la estupidez y echemos mano a la inteligencia como única forma de sobreponernos al poder del dinero y la maldición de la negligencia.
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albertodorati@yahoo.com

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El ejemplo de Gualeguaychú

Los gobiernos no lo pueden desoír

El ejemplo de Gualeguaychú

Por Pedro Aguer
Para Río Bravo.

La lucha contra BOTNIA es ya un símbolo de la lucha de un pueblo que enarboló la Bandera del Federalismo y empezó con prudencia advirtiendo sobre los riesgos de una pastera sobre el Río de los pájaros, contaminando el agua y el aire, destruyendo el equilibrio de la naturaleza y afectando la salud de la población. Pero el negocio estaba en marcha y avanzó, llevándose por delante las razones científicas, ni qué hablar de las humanitarias.

Como suele ocurrir con los espejismos, ocurrió que el argumento de la fuente de trabajo iba a ser usado por los políticos, como si ellos fuesen los que la generan, por su dedicación y esmero. No importa de qué se trate, ni que ello signifique un atentado contra la naturaleza y la salud de los habitantes de la región afectada.

Lamentable es el hecho de que ello sucediera en un gobierno socialista, cediendo territorio a la patogenia del capital, en lugar de elegir la perspectiva de nuevos y elevados horizontes. La generación de fuentes de trabajo mediante la autogestión de la solidaridad organizada, por ejemplo.

El compromiso del actual Presidente de Uruguay, en concordancia con la Presidente de Argentina, abre una instancia avalada por una decisión democrática de la Asamblea. Ambos gobiernos, elegidos por sus pueblos, deberán monitorear en forma directa la planta procesadora, como sus efectos en el río y en el aire, en reivindicación de su comportamiento, y escuchar a los pueblos y no obedecer a los poderosos.

Es lo que merece el Pueblo de Gualeguaychú. Es como actúan los militantes de la Causa Nacional y Popular.

Son muchos los destrozos causados en el mundo por el avance irresponsable e insensible del capitalismo “salvaje”, calificado así por Juan Pablo II.

El medio ambiente debe ser política de estado. Las disculpas no caben. Un estadista debe hacerse cargo cuando, ejerciendo como gobernante, en su país es contaminado el aire o el agua, o se saquean sus recursos naturales.

Los pueblos, a esta altura de la civilización, no deberían seguir siendo los desposeídos. El deber de un político bien nacido es ponerse al lado de su pueblo en lucha.

Anoche, 23 de junio, en el Canal Encuentro, se volvió a pasar lo que debió sufrir el gobierno de la Unidad Popular en Chile, y el martirio de Salvador Allende. Prócer de la honradez y militante en serio de la Causa de su Pueblo. Hoy son varios los gobiernos que unidos podrían resistir al lado de sus pueblos lo que contra éstos se haga.
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La opinión políticamente incorrecta

La opinión políticamente incorrecta

Cinco años después

Por Julio Majul – para Río Bravo

El gran mérito de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú fue, en 2005 en especial, dar un grito de alerta furioso sobre la depredación del medio ambiente. No creo que haya más mérito que ese.

Como siempre en este tema, me toca a mí ser el políticamente incorrecto.
No voy a hablar de la heroica lucha de la Asamblea , de la democracia pura que se expresa en ella, sencillamente porque no es cierto.
El gran mérito de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú fue, en 2005 en especial, dar un grito de alerta furioso sobre la depredación del medio ambiente.
No creo que haya más mérito que ese, que no es poco por cierto.
¿AMBIENTALISTAS O ANTIORIENTALES?
El objetivo de la Asamblea no es el control de contaminación, no es –en definitiva- saber la verdad.
El objetivo de la Asamblea es que Botnia salga de frente al Ñandubaysal, el balneario preferido de la ciudad.
El mismo balneario en el que la única vez que se comprobó contaminación, esta temporada estival, fue por la caca que emanaba de su sistema cloacal, mezclado con la subida de las aguas.
Esa caca ñandubaysalera fue presentada por los medios de prensa como productos contaminantes emitidos por Botnia, y cuando se aclaró que no, nunca se lo publicó. O sea: de los títulos catástrofes “Botnia contamina Ñandubaysal”, nunca se pasó a “fue un error; era caca del Ñandu”.
Mi gran diferencia con la Asamblea es que quiero saber la verdad, o sea si Botnia contamina más allá de los límites permitidos o no. Los asambleístas ya han decidido que Botnia contamina, porque ellos saben más que nadie, parece. Que Botnia contamina no cabe duda: ¿qué pastera no? Pero la cuestión es cuánto contamina. O sea: la cuestión es la verdad.
CON MUJICA LO DIJIMOS HACE CINCO AÑOS
En mayo de 2005, siendo senador provincial, me entrevisté con Pepe Mujica, entonces ministro, para tratar de hallar alguna solución a una pelea ridícula.
Entonces, concluimos que la única solución era el monitoreo conjunto, el control conjunto, de científicos, sólo científicos, orientales y occidentales del Uruguay.
Esto motivó gruesos epítetos de algunos miembros de la Asamblea , que decían que esto implicaría legitimar la presencia de Ence (entonces, lo de Botnia era algo lejano) en el Uruguay. Lo que ellos querían (y quieren) es que ninguna pastera oriental nos moleste.
No importa demasiado la contaminación de los agrotóxicos (Gualeguaychú es el departamento entrerriano con más siembra de soja, o sea con más volcado de glifosato al Uruguay). No importa, como me dijo un asambleísta, porque esto es nuestro.
O sea, que el problema es que Botnia está en Uruguay.
Que afea la vista del Ñandu.
¿Y el Mercosur? ¿Y la unidad de los pueblos de nuestra América? Está presente, eso sí, en cada discurso. Y ausente de cada acto concreto de la Asamblea.
Que ahora recomienda el monitoreo conjunto “pero si es dentro de la planta de Botnia”. Yo no sé si esto es bueno o inútil, pero es un adelanto.
Ya no somos más tarados traidores los que propiciamos control conjunto de Botnia.
Hoy lo dicen.
Perdimos cinco años por su tozudez ridícula, su fervorosa militancia contra los hermanos orientales.

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Proclama revolucionaria del Movimiento de Recuperación Nacional

Proclama revolucionaria del Movimiento

de Recuperación Nacional

Las horas dolorosas que vive la República, y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes.
Como responsables de este Movimiento de Recuperación Nacional, integrado por las Fuerzas Armadas y por la inmensa mayoría del pueblo —del que provienen y al que sirven— declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas, y arrancar a la Nación del caos y la anarquía a que ha sido llevada por una minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder.
Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente. Deploramos que precisamente desde el gobierno se haya cerrado sistemáticamente toda posibilidad de pacificar la República y alcanzar la armonía entre los argentinos, en contraposición con el sentido de responsabilidad, la tolerancia y la paciencia patriótica del pueblo.
La Nación entera, y con ella la tranquilidad, el bienestar y la dignidad de los argentinos han caído en manos de hombres y de fuerzas que aceleradamente retrotraen a la patria a épocas de sometimiento, de humillación y de vergüenza.
Su acción nefasta ha desquiciado y lesionado profundamente el orden político, económico y social de la República. Este Movimiento de Recuperación Nacional se lanza a la acción revolucionaria con objetivos claros y un programa concreto para restablecer la soberanía y la justicia social y devolver al pueblo el pleno goce de su libertad y sus derechos.

Declara objetivos fundamentales de su acción:
En lo político
Han violado y desconocido el imperio de la Constitución y de las leyes, sustituyéndolo por un llamado "derecho de la Revolución", que no es otra cosa que el entronizamiento de la arbitrariedad, sin más normas ni vallas que la omnímoda voluntad de los que detentan el poder.
Se han avasallado así las garantías y derechos individuales, sustituyéndose a instituciones y personas de la jurisdicción de sus jueces naturales, sometiéndolos a tribunales y comisiones especiales expresamente prohibidas por la Constitución.
Se ha perseguido, encarcelado y confinado en verdaderos campos de concentración a miles de argentinos no sometidos a proceso y privados del derecho a la defensa, por razones ideológicas o políticas.
Por idénticas razones se ha privado a miles de argentinos de derechos esenciales, como el acceso a los empleos públicos y la participación activa en la vida cívica de la Nación, sin que tan graves penas provengan de la decisión de la justicia y ni siquiera del juzgamiento de la conducta de los inculpados.
Como consecuencia de esta arbitrariedad discriminatoria, que divide a los argentinos en réprobos y elegidos, se ha privado de sus empleos a miles de ciudadanos, sin tenerse en cuenta ni su antigüedad, ni su idoneidad, ni su conducta. Se ha excluido de la vida cívica del país a la fuerza mayoritaria con el pretexto de inmoralidades y desviaciones en la conducta de algunos sus dirigentes; verdadera aberración jurídica y moral que podría llevar a la exclusión de todos los partidos, desde que todos padecen o padecieron en algún momento de males similares.
Se ha fomentado y organizado desde el gobierno la delación y el espionaje contra personas e instituciones, inclusive contra las Fuerzas Armadas.
Se ha impedido la libertad de prensa, uniformada al servicio del gobierno, interviniendo y entregando arbitrariamente los diarios y revistas a sectores políticos minoritarios adictos al mismo, clausurando los desafectos e impidiéndose la aparición de nuevos órganos de opinión independiente.
Todo ello unido a la monstruosidad totalitaria de un decreto-ley que bajo penas gravísimas prohíbe a los ciudadanos hasta el uso o empleo individual de palabras, fechas, símbolos, fotografías, nombres y expresiones que se proscriben, configuran los hechos más salientes de un plan siniestro, destinado a ahogar la libre expresión de la ciudadanía, y entronizar en el poder a minorías antinacionales que en su hora enajenaron el patrimonio del país y traficaron con el hambre y el dolor de los trabajadores argentinos.
Este desborde de la arbitrariedad ha culminado con la abolición de la Constitución Nacional vigente, sancionada por una Convención Reformadora libremente elegida por el pueblo, con la participación de los mismos sectores políticos que apoyan a la tiranía, Constitución que juraron acatar y defender los mismos que hoy la vulneran y suprimen a espaldas del Pueblo y al margen de su libre voluntad soberana, con el evidente propósito inconfesable de abolir disposiciones como las del artículo 40, que impiden la entrega al capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas naturales del país, juntamente con otras también fundamentales como las que sancionan los derechos del trabajador y las que estatuyen la función social de la economía y la riqueza.
Por un acto arbitrario y despótico se reimplanta una Carta Fundamental ya superada por la realidad política, económica y social de la República, al amparo de cuya imprevisión y laxitud fue posible en otras épocas la entrega del país a las fuerzas internacionales del capitalismo y el sometimiento, el hambre y la humillación de nuestro pueblo.
Y para hacer más evidente la burla a la ciudadanía y la prepotencia de la arbitrariedad, ni siquiera se la reimplanta en todo su vigor como norma de convivencia o valla del poder, sino "en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de la Revolución", vale decir, en cuanto no se oponga a la voluntad omnímoda e Incontrolada del gobierno. Jamás, en toda la historia, gobierno alguno ha tenido el descaro de hacer semejante profesión de tiranía y despotismo.

En lo económico
Se han tomado medidas tendientes a quebrantar la industria nacional, depreciar la moneda, crear el desaliento en la inversión de capitales útiles, elevar los precios acentuando el desequilibrio entre éstos y los salarios, provocar sectores importantes de desocupación, que llevarán por hambre a los obreros a someterse a la voluntad del capitalismo.
Todo ello unido al desprestigio internacional de nuestra economía por el propio gobierno, a la acelerada contratación de empréstitos extranjeros y a la adopción de determinados compromisos anteriores, constituyen etapas de un plan destinado a retrotraer al país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía.

En lo social
Se han desconocido legítimas conquistas de los trabajadores, se ha destruido la organización sindical —base indispensable de la paz social y del progreso del país—, mediante la intervención a la Central Obrera y a todos los sindicatos. Se ha perseguido, encarcelado y confinado a miles de trabajadores, y se los ha privado arbitrariamente del derecho elemental de intervenir activamente en la vida de las organizaciones a que pertenecen.
En síntesis, desde el propio gobierno se ha realizado una acción sistemática tendiente a destruir la organización sindical y anarquizar a los trabajadores, acción que persigue la finalidad inconfesable de debilitar el frente social para posibilitar el camino del sometimiento del pueblo, y con él, del sometimiento de toda la Nación.

En las Fuerzas Armadas
Se ha tratado en toda forma de minar su unidad y su armonía y se han desquiciado sus cuadros con la baja o retiro obligatorio de centenares de jefes, oficiales y suboficiales que honraban a la institución por sus virtudes morales y su capacidad profesional.
Al mismo tiempo se ha obligado a muchos oficiales al desempeño de funciones civiles incompatibles con su estado militar, creándose hacia la institución un lógico resentimiento y desconfianza del pueblo, difícil de superar, y que es la semilla más criminal que podía haberse sembrado para dividir y anarquizar a la Nación.
Esto es, en lo fundamental, el panorama trágico de las horas difíciles que vive la República. La proliferación de conflictos sindicales, los actos diarios de sabotaje en todo el territorio del país y el continuo descubrimiento en toda la República de planes subversivos o actos de insurrección, denunciados por el propio gobierno, no son (como él pretende, para encubrir su responsabilidad y engañar a la opinión) fruto de la acción aislada de personas perturbadoras, sino síntoma del clima de opresión y subversión en que vive la República y expresión evidente del espíritu indomable y de la decisión del pueblo de reconquistar su libertad.
Tan grave estado de cosas impulsa nuestra determinación y nos decide a recoger el clamor unánime del pueblo, antes de que la República desemboque en una lucha fratricida que terminará por destrozarla.

El programa del Movimiento de Recuperación Nacional

I - En lo político
Restablecer el Estado de derecho mediante la vigencia plena de la Constitución Nacional y el imperio de la justicia en un ambiente de real libertad y pura democracia.
Consolidar la soberanía popular mediante la realización de elecciones generales en todo el país en un plazo no mayor de 180 días, con plenas garantías para todos los partidos políticos en el proceso electoral y preelectoral, incluida la utilización con iguales derechos de todos los medios de expresión y difusión.
Prescindencia absoluta del gobierno en materia electoral y fiscalización de los comicios por las Fuerzas Armadas.
Libertad efectiva y absoluta de prensa para todos los sectores de la opinión.
Amnistía general y derogación de todos los decretos y medidas discriminatorias dictados por razones ideológicas o políticas. Libertad de todos los presos políticos y sometimiento a la justicia competente de los que hubiesen cometido delitos comunes.
Reincorporación de los empleados y obreros eliminados arbitrariamente por razones ideológicas o políticas.
Levantamiento de las interdicciones a personas y empresas e intervención de la justicia en los casos de violación de las leyes en vigor.
Rehabilitación de los partidos políticos privados de personería v plena libertad para la formación de nuevas fuerzas, dentro de las normas establecidas por la legislación vigente.

II - En lo económico
Revisión de las medidas de carácter económico y financiero que pudieran lesionar los intereses nacionales.
Revisión de las medidas económicas y financieras que afectan seriamente el desarrollo de las actividades productivas.
Restablecimiento de la plena ocupación y adopción de medidas para contener el alza del costo de la vida.

III - En lo social
Devolución del gobierno de los sindicatos a los trabajadores y elección por los mismos de las autoridades de la Central Obrera en un plazo de 45 días.
Libertad inmediata a todos los dirigentes y obreros detenidos por razones políticas o gremiales.
Renovación de los convenios de trabajo, de común acuerdo entre los trabajadores y empresarios, mediante los procedimientos determinados por la legislación vigente al 20 de setiembre de 1955.
Derogación de los decretos y medidas discriminatorias que impiden a miles de obreros su participación en la vida de los organismos gremiales.

IV - En las Fuerzas Armadas
Reestructuración de las mismas con vistas a las necesidades de la defensa nacional.
Reincorporación de jefes, oficiales y suboficiales que poseyendo valores profesionales y morales hayan sido dados de baja o retirados por razones políticas o ideológicas.
Mantenimiento de los actuales cuadros con la única excepción que determinen los tribunales y organismos competentes que establece la ley.

V - En el orden internacional
Respeto y cumplimiento de todos los convenios, pactos y compromiso internacionales concertados por el país dentro de las normas constitucionales y legales.
Suspensión de la ejecución de aquellos compromisos contraídos en violación de tales normas, a fin de que oportunamente sean considerados por las autoridades legalmente constituidas por los órganos y procedimientos que estatuye la Constitución Nacional.
Sosteniendo tales principios y comprometiendo ante el pueblo de la República el fiel y estricto cumplimiento de los objetivos señalados, el Movimiento de Recuperación Nacional toma las armas, en defensa de la patria, decidido a pacificar la nación por el camino de la verdadera libertad, en el respeto de la Constitución y la Ley.
No hacemos cuestión de banderías porque luchamos por la patria que es de todos. No nos mueve el interés de ningún hombre ni de ningún partido.
Por ello, sin odios ni rencores, sin deseos de venganza ni discriminaciones entre hermanos, llamamos a la lucha a todos los argentinos que con limpieza de conducta y pureza de intenciones, por encima de las diferencias circunstanciales de grupos o partidos, quieren y defienden lo que no puede dejar de querer y defender un argentino: la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, en una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
¡Viva la patria!
Buenos Aires, 9 de junio de 1956

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