domingo, 22 de agosto de 2010
domingo, 15 de agosto de 2010
viernes, 16 de julio de 2010
Del Informe NUNCA MÁS - CONADEP
Del Informe NUNCA MÁS - CONADEP.
Centros clandestinos de detención de Las Flores, Monte Pelone, Olavarría
Los partidos de Tandil, Azul, Las Flores y Olavarría fueron severamente castigados por la represión. En su marco territorial se secuestró, torturó y se mantuvo a hombres y mujeres ilegítimamente privados de su libertad, muchos de los cuales aún hoy se desconoce su paradero.
Tal como se desprende de lo referido por los testigos, existió una estrecha vinculación entre estos campos, ubicados en el área de Seguridad 124, cuyo Jefe en el momento de los hechos denunciados era el entonces Teniente Coronel Ignacio Aníbal Verdura, a su vez jefe del Regimiento 2 de Tiradores Blindados de Olavarría. Algunas de las víctimas aparecieron en el Regimiento 10 de Tandil, o en la Cárcel de Azul, correspondientes a la Sub-zona de Seguridad 12, mientras que otros prosiguieron su csutiverio clandestino en la Brigada de Investigaciones de La Plata, ya en jurisdicción de la Sub-zona 11, bajo dependencia del I Cuerpo de Ejército.
Del material examinado se puede concluir que el itinerario más frecuente impuesto a los detenidos era el siguiente:
Refiere Francisco Nicolás Gutiérrez (Legajo N° 2319):
«...que es secuestrado de su casa de la Ciudad de Tandil el 13 de septiembre de 1977. Le preguntan por el domicilio de su hija. Es conducido a Olavarría y luego a Las Flores.
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Al llegar a la Brigada de Las Flores y al no aportar datos sobre su hija es llevado así encapuchado y esposado a la máquina donde le aplican la picana.
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Luego lo llevan a un calabozo, por tres días no le dan de comer y escucha la voz de sus dos hijas. A los cuatro días es conducido a La Plata junto a su hija Isabel y su esposo. En la Brigada de Investigadones de esta ciudad, luego que su hija y su marido fueron llevados a Arana para ser interrogados, los alojan a los tres juntos en una celda».
Por su parte Ricardo Alberto Cassano (Legajo N° 2643) denuncia haber estado secuestrado en el Regimiento de Olavarría, en Sierras Bayas y en Las Flores por espacio de casi dos meses; Carlos Leonardo Genson (Legajo N° 2646) en el Regimiento de Olavarría; Osvaldo Raúl Ticera (Legajo N° 2644) también; Juan José Castelucci (Legajo N° 2642), refiere haber estado en Monte Pelone, en donde dice haber visto a Jorge Oscar Fernández y explica que para aplicarle la picana eléctrica ponían en marcha un generador, agrega que allí lo fotografiaron; y Osvaldo Roberto Fernández (Legajo N° 2645), que es llevado a Monte Pelone.
Mario Méndez, liberado de un centro clandestino de detención de Tandil, trae a la CONADEP un anillo que halló en el interior de un abrigo con manchas de sangre que le fuera entregado mientras estaba prisionero. Exhibido que fue a la señora Lidia Gutiérrez, ésta lo reconoce como el anillo de casamiento de su hermana Isabel (Legajo N° 2320) que permanece desaparecida al igual que su esposo Juan Carlos Ledesma.
En el procedimiento realizado por la CONADEP el 29 de febrero de 1984, los testigos Cassano, Genson, Fernández y Lidia A. Gutiérrez reconocen el vivac de Sierras Bayas o Monte Pelone como el C.C.D. en donde estuvieron prisioneros. Genson dice que desde una carpa en donde dormía vió el escudo nacional, en el frente de un edificio. Que también los platos tenían la inscripción del Ejército Argentino. Fernández reconoce el desnivel de la entrada y el piso de madera de una de las habit aciones y el lugar donde estuvo junto con Genson y Castelucci. Lidia Gutiérrez reconoce la cocina, y expresa que en los platos decía «Ejército Argentino». Individualiza un lugar en donde estaba la guardia.
Cobra especial relevancia el testimonio de Lidia Araceli de Gutiérrez (Legajo N° 1949), quien es secuestrada el 16 de septiembre de 1977 de su casa, en la ciudad de Olavarría:
«...que un grupo armado fue a su casa preguntando por su hermana... que al día siguiente es secuestrada junto con su esposo. Su hermana también fue secuestrada con su esposo Juan Carlos Ledesma y una bebita de ambos de cinco días, que no estaba aún inscripta, fue abandonada en un canasto en la puerta de la Comisaría de Cachari...
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Que durante el viaje iban apilando un cuerpo sobre otro de las personas que iban secuestrando...
Que los llevaron a la Brigada de Investigaciones de Las Flores y refiere que vio a varios secuestrados más cuyos nombres da.
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Se enteró por su madre que en dicho sitio también había estado prisionero y torturado su padre... también encuentra en el baño ropa y un bolso de su hermana... que un grupo va a Monte Pelone y otro a la Brigada de Investigaciones de La Plata, ...que en Monte Pelone, por debajo de la venda puede observar a un soldado con uniforme militar haciendo guardia y mucha gente con traje de fajina... que ese primer día venían de a ratos a golpearlos y a ajustarles las esposas hasta que sangraran las muñecas... que los que torturaban venían de afuera en un Fiat 1500... que la comida era poca y mala y la higiene nula... que a Alfredo Maccarini de Olavarría lo torturaron mucho y la misma noche que lo trajeron se lo llevaron... que no puede asegurar que el coronel Verdura torturara, pero si que era el responsable de Monte Pelone... de ese lugar los que salieron fue éste el resultado: Oscar Femández, muerto, estaba sano; Alfredo Maccarini, desaparecido; Pasucci, alterado mentalment e y Jorge Toledo que pasó como detenido legal y se suicidó en la Cárcel de Caseros...».
sábado, 10 de julio de 2010
¿Víctimas también del maximalismo?
Programar cambios severos a mediano plazo para contrarrestar a Botnia
¿Víctimas también del maximalismo?
Por Daniel Tirso Fiorotto
Hace cuatro años, cuando la lucha de Gualeguaychú contra Botnia estaba en su apogeo, hubo quienes propusieron acentuarla en aspectos todavía no explorados. Pero se impuso una salida aparente: La Haya. Es comprensible, ¿quién recula un tranco de pollo cuando se siente ganador?Los entrerrianos apuntaron sus cañones al presidente uruguayo y a la empresa finlandesa. Tenían una alternativa, abriendo la mira y aprovechando la fuerza universal de la embestida socioambiental: exigir al gobierno argentino que garantizara (pero de verdad-verdad) la relocalización con fondos argentinos (en parte), y no en forma inmediata sino a mediano plazo, a 15 años por ejemplo.
Uruguay es un país más chico que la Argentina, en asuntos de cantidad, y hay mil razones para extremar el cuidado de los modos y aventar la soberbia.
Control estricto a corto plazo, relocalización futura, profundo cambio económico y social en la región: quizá se pudo explorar con más convicción ese camino que algunos visualizaban y alguna vez sintetizamos bajo el título “sacarle flores a la derrota”, en homenaje a la “Redota” porque fue en una fecha que recordaba el Grito de Asensio.
No se trataba de que todos cedieran mucho o poco, sino de ser conscientes de que un objetivo puede alcanzarse por vías diversas, y de que la creatividad siempre se hace un lugar.
Pensar que nadie iba a salir herido de esta contienda es un tanto infantil. También es un tanto precario sostener que lograremos nuestras metas, trabajo para muchos y ambiente sano, sólo resistiendo contra Botnia. Los protagonistas de esta historia son conscientes de ello.
Si a la resistencia contra el atropello del norte le añadiéramos un plus para revertir el proceso, con creatividad, con organización, en ese camino también lograríamos fortalecer la resistencia, como en un círculo virtuoso. Al mismo tiempo, un programa para revertir el proceso nos daría gran autoridad ante el mundo entero. Incluso frente a los organismos internacionales.
(Autoridad que en parte se vio mellada, hay que decirlo con la mano en el corazón, por la aceptación de alguna ayudita económica de manos de algún personaje de historieta -aunque votado- y algunos empresarios grandes que han provocado más daños a los entrerrianos que veinte pasteras juntas).
Durante ese lapso que decíamos se podía exigir un monitoreo compartido y una disposición explícita a cerrar la planta cada vez que la contaminación excediera ciertos parámetros. A la vez, se podía desarrollar en la región de Gualeguaychú y Fray Bentos una reforma agroindustrial severa, una feliz reforma, con la tecnología puesta al servicio de las personas en cuerpo y alma (y de la igualdad de oportunidades y del poblamiento genuino y del ambiente sano), bajo la consigna “que los más infelices sean los más privilegiados” que nos viene del fondo de nuestra historia, como un mandato.
Claro, esa reforma sería resistida por grupos concentrados y grandes terratenientes (y parásitos de ese sistema) que en Entre Ríos no han hecho y no hacen más que daño y son, por eso, nuestros enemigos.
El sistema actual tiene sus defensores a dos bandas. Hace poco leíamos por caso a un imbécil uruguayo, Raúl Seoane, que llama “terroristas Gualeguaychusos” a los asambleístas, y opina que el gobierno de José Mujica debería “tomar el toro por las astas, olvidarse del ‘hermanismo’, de la integración latinoamericana y de todas las boberías”. Es un ejemplo del pretendido “analista” que descalifica cualquier cosa que ponga en riesgo el status quo y hay que señalarlo: una reforma no es fácil, cuando hay oídos sordos y detractores por doquier…
Esa reforma, sin embargo, se presentaba como un deber. A la par de superar problemas de trabajo y oportunidades, debía servir de modelo para otros emprendimientos similares en el resto de la región.
Sí, reforma agraria. ¿Tanto cuesta decirlo? Los entrerrianos en general y los gualeguaychenses y gualeyos en particular somos víctimas de un flagelo, el latifundio, un cáncer que pronto cumplirá 500 años, y que es compatible, ese cáncer, con el monocultivo de soja o eucalipto y con las multinacionales que nos parasitan, pero no con el trabajo, no con el arraigo, no son compatibles con la vida.
La propuesta aquella cerraba sólo con la participación de asociaciones civiles, gremios, universidades, organismos públicos, gobiernos de distintos países involucrados y provincias argentinas y municipios; expertos en diversas disciplinas y financistas internacionales que debían otorgar garantías a la producción regional.
Garantías, claro: si aseguran que Botnia no contamina, los grupos financieros (por usar un eufemismo de usureros) deben ofrecer garantías. Como cualquier hijo de vecino.
CUANDO TODOS GANAN
Uruguay ganaba: su gobierno dejaba a Botnia allí por un tiempo. Y ganaba por vía doble: mientras analizaba la relocalización a futuro, debía planificar una reforma agroindustrial sustentable, con apoyo de sus amigos argentinos. Argentina ganaba en su programa necesario de unidad sudamericana, una base sine qua non para el desarrollo verdadero de nuestros pueblos. Y ganaba también por la puesta en práctica de un plan piloto de reforma agroindustrial sustentable tan necesario para el país entero. Y todo al sólo costo de apoyar el traslado de Botnia dentro de 15 años.
Las universidades y otras entidades ganaban por su participación en el proyecto de reforma agroindustrial. Botnia, que había recibido garantías, podía quedarse un tiempo y planificar su futuro. Y los gualeguaychenses ganaban porque se aseguraban: un monitoreo riguroso, un plan de inversiones para los microemprendimientos y las pymes y cooperativas de región, trabajo para muchos, arraigo, erradicación del latifundio estrangulador, y un crecimiento sostenido en ambos márgenes del río Uruguay. Y se aseguraban, para un futuro no tan lejano, el río libre de megapasteras. Además, eso los alejaba de una posible victoria a lo Pirro.
Para comprender esto, deben medirse mil factores que sería largo detallar, y entre ellos el estado emocional de los pueblos en las dos bandas, los riesgos de desencuentros y rencores, los riesgos que genera la permanencia de una megapastera en el Uruguay, las contradicciones de los gobiernos de la Argentina, el Uruguay y la provincia de Entre Ríos; la globalización. Y deben medirse los riesgos, para Uruguay y la Argentina, de continuar con sus políticas de concentración de las riquezas y predominio de las multinacionales.
Bueno: ideas como ésta tuvieron eco favorable en pocos gualeguaychenses y fraybentinos, pero en general fueron ignoradas. No discutidas, no rebatidas: ignoradas.
No debe sorprender, porque no contenían una receta para salir del conflicto. Sólo pretendían mostrar una actitud, la actitud de abrir un abanico de posibilidades para intentar una salida que no fuera La Haya y que, por supuesto, aventara cualquier posibilidad de violencia. Hermandad, creatividad, reforma estructural. Ese es el camino.
La violencia de una jornada demandaría décadas para cicatrizar. Los gobiernos tuvieron altísima responsabilidad por sus pésimas (y caras) diplomacias y su falta de compromiso por la unidad sudamericana, y pusieron a la comunidad ante el riesgo cierto de la violencia estéril.
Hay que recordar que, entonces, la lucha de Gualeguaychú había alcanzado una fuerza extraordinaria, era tapa de la mayoría de los medios casi todos los días y en ciertos sectores de poder generaba poco menos que miedo.
Precisamente en ese instante en que la Asamblea se encontraba con poder, era difícil pero necesario avanzar en una propuesta que buscara el bien de los pueblos, y sabemos que no pocos intentaron opciones, con escasos frutos.
El fallo de La Haya limó en 2010 la fuerza de la Asamblea. Ahora es más difícil exigir aquellos cambios profundos que permitieran rodear a las megaempresas como quien encierra el fuego mediante contrafuegos, para controlarlo y sofocarlo.
Si de los organismos diplomáticos no salían soluciones creativas, esas soluciones pudieron salir del pueblo entrerriano. No de los gobiernos de la provincia, más privatistas, más neoliberales, más corruptos, más aliados a las multinacionales (y por lejos), que los gobiernos orientales; sino del seno del pueblo, de las organizaciones de base, de las asambleas.
Son los entrerrianos y orientales los que están obligados a una conciencia mayor de unidad, de vuelo alto, de unidad en el camino a la independencia.
Desde aquí, y asumiendo nuestra historia profundamente federal, distribucionista, revolucionaria que bebimos en José Artigas, hoy estamos bien a tiempo de volver a mirar el problema que originó la irrupción de Botnia no en forma aislada sino en un sistema. Tratar de comprender el modelo integral, las circunstancias, para reconocer el rol de cada actor, incluidas las pasteras, y pensar desde allí las formas de superar el conflicto.
MIRAR EL SISTEMA
Ayuda reconocer la voracidad de las multinacionales (Cargill, Walmart, Carrefour, Repsol, Monsanto, etc.; Botnia misma), y su incompatibilidad con los proyectos revolucionarios de hace 200 años. Los daños que provoca la concentración de las riquezas en pocas manos y la expulsión de habitantes (pooles, terratenientes, banca, combustibles...). Los males que ocasiona en nuestros hogares el flagelo de la deuda externa fraudulenta y la corrupción, y la vigencia, hoy más que nunca, del colonialismo angloestadounidense con su fenomenal avanzada en el Atlántico Sur (que desmoraliza y saquea). La debilidad que nos genera el incumplimiento de las bases mismas de la Constitución, con un régimen unitario que todo lo manipula, y con arbitrariedad, desde la Casa Rosada, desde una Metrópolis que jamás comprendió cabalmente la comunión de la Argentina y Sudamérica. Y ayuda, también, pensar en la diferencia entre el deber, por un lado, y el maximalismo focalizado por otro.
Si nuestro deber es asegurar trabajo genuino a las personas, en un ambiente sano, en una economía sustentable, solidaria, con libertad, con oportunidades para todos, y en una Sudamérica unida e independiente en desarrollo equilibrado, que sepa frenar al imperialismo y la globalización, entonces está claro: poner a Botnia en la mira puede ser una virtud, un deber, pero poner sólo a Botnia en la mira sin planificar la necesaria reforma en la estructura socioeconómica regional puede resultar contraproducente.
Si no es desde un espíritu reformista o revolucionario, si no es anclada en hondas convicciones sudamericanas, en nuestra más profunda identidad antiimperialista, la conmovedora lucha contra las pasteras del norte corre el riesgo de esfumarse en la confusión, en el interés inmobiliario, sino en una suerte de narcisismo colectivo. Nos provoca volver a leer, por eso, el último documento que escuchamos en el puente internacional ante una multitud.
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Corte al corte: no podía terminar de otra manera
Para una crónica de la manipulación peronista
Corte al corte: no podía terminar de otra manera
Por Américo Schvartzman
Especial para Río Bravo
Especial para Río Bravo
El mismo pseudoprogresismo que la alentó en una medida poco razonable, concluyó su relación con la Asamblea de Gualeguaychú acusándolos ante la justicia por delitos tan graves como “homicidio culposo, extorsión, privación de la libertad, amenazas, daños a bienes públicos, atentado al orden constitucional y encubrimiento”. La denuncia no es sólo penal, sino también civil, para hacerles pagar los daños causados desde 2006. El gobierno eligió criminalizar la protesta social en el momento de mayor debilidad de la Asamblea, en una muestra de la oportunista e irresponsable improvisación con la que manejó el conflicto. Ni siquiera verificó que funcionarios como Kirchner, Urribarri y Busti –entre muchos otros nacionales, provinciales y municipales– están incursos en los mismos “delitos” que ahora denuncia, a los que se agrega el Art. 235 del Código Penal.
Tal cual lo señalan autores como Maristella Svampa y Claudio Pandolfi, “en consonancia con la permanencia de la matriz neoliberal, la profundización de la criminalización de la protesta social expresa la voluntad del Estado de no cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de la población”(1). El constitucionalista Roberto Gargarella –estudioso del “derecho a la protesta”– ha explicado la complejidad que se pone en juego en la protesta social cuando ella muestra los límites del Estado y de la Justicia en su respuesta a la ciudadanía, y lo ha resumido con una expresión que quizás es la mejor síntesis: “Los problemas sociales nunca deben ser atendidos con el Código Penal en la mano”(2).
Contradiciendo a Gargarella y confirmando a Svampa y Pandolfi, los Kirchner son “progres” tan originales que a la protesta social de Gualeguaychú decidieron atenderla con ambas manos: en una el Código Penal, y en la otra el Código Civil.
Como si de un actor más se tratara, y no del encargado de llevar adelante las políticas públicas de la Argentina, el Poder Ejecutivo Nacional se presenta como querellante, acusando a los asambleístas de una serie de graves delitos. ¿Cree que con eso solucionará la controversia que alimentó durante tantos años, o sólo vuelve a intentar “patear la pelota para adelante”? Ni lo uno ni lo otro.
A otros movimientos sociales o a sus dirigentes también se los ha procesado judicialmente desde hace años –eso es precisamente lo que se denuncia con el nombre de “criminalización de la protesta social”– pero siempre han sido denuncias "penales", nunca "civiles". La diferencia estriba en que si los imputados son hallados culpables tienen que pagar daños, indemnizacion, resarcimiento, etc, a los perjudicados por sus actos (además de las costas del juicio). Veamos lo que argumentó Aníbal Fernández: “Aparte de los elementos probatorios y estas conductas denunciadas, hemos presentado denuncia civil sobre los mismos responsables. ¿Por qué denuncia civil? Porque estamos denunciando la responsabilidad de quienes han generado acciones como cierres de centenares de negocios, de la pérdida de trabajo del transporte, de la pérdida de trabajo del turismo, de la perdida de exportaciones e importaciones que han impactado duramente en los pueblos aledaños, de imposibilidades de movimientos de producciones de productos argentinos colocados en el Uruguay, de la compra eventualmente de productos uruguayos que necesitan los argentinos, de situaciones de varias características que ameritan que también tengan sanciones civiles”(3). En criollo: los que se animen a mantener el corte van a tener que pagarles a todos los perjudicados por ese corte desde 2006 hasta nuestros días. Ahora bien: si estos supuestos delitos se vienen produciendo desde hace casi cuatro años ¿por qué denunciarlos ahora?
El Gobierno ha pretendido justificar su decisión con un argumento central: “recuperar la relación con la República de Uruguay” para lo cual se requiere “cumplir el fallo de la Corte Internacional de La Haya”, según palabras del ministro Fernández. Añadió: "Es preciso dar un corte definitivo a la situación luego del fallo de La Haya y no permitiremos que nadie se arrogue el derecho de desconocerlo"(4).
No obstante, se trata una falacia. Esto se revela en los fundamentos de la resolución del juez federal de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, al señalar la relación de correspondencia que debe existir entre el derecho de protesta y la capacidad del Estado de responder a dicha petición de manera razonable. Allí se califica al corte de la ruta 136 como “desproporcionado e irrazonable”, adjetivos que no aparecen como apresurados si se analiza la medida de fuerza en términos de ejercicio del derecho de peticionar a las autoridades. El juez explica, citando al constitucionalista Linares Quintana, que “en un Estado cuyos poderes están limitados y en el que los derechos de los individuos se encuentran garantizados, si bien teóricamente no hay restricción para pedir, técnicamente se sobreentiende que sólo ha de solicitarse aquello a que se tiene derecho y que la autoridad a la cual se peticiona está constitucionalmente autorizada para otorgarlo. Solicitar al poder público algo que éste no se halle autorizado para conceder no solamente es absurdo, sino también contrario a la ética cívica que debe privar en las relaciones entre gobernantes y gobernados”(5). Es decir: una cosa es cortar una ruta para pedirle al Estado argentino que haga todo lo posible para impedir que se instale una empresa en un país vecino y otra cosa distinta es pedirle al Estado argentino que desmantele una planta industrial de un país extranjero. Esto último es claramente absurdo. En ese sentido, lo que podía razonablemente hacer el Estado argentino lo hizo hace cuatro años: fue, precisamente, la denuncia del país vecino ante la Corte Internacional de Justicia, presentada el 4 de mayo de 2006. Dicho de otro modo, el corte es irrazonable desde que la Argentina acudió a La Haya, y no desde el fallo, lo cual demuestra que el argumento enarbolado por el ministro resulta falaz.
De manera que tanto los delitos que supuestamente justifican la denuncia penal como la civil, tienen poco que ver con el fallo de La Haya. En ambos casos se trata de situaciones que llevan años. Y si se aceptara la argumentación con la que hoy se pretende dar fundamento a la presentación de la querella, debería entonces concluirse que este mismo Gobierno durante casi cuatro años mostró desentendimiento, negligencia o manifiesta desidia ante hechos a los cuales (ahora) califica como gravísimos.
Los delitos imputados a los activistas gualeguaychuenses tienen penas que van hasta quince años de prisión, y casi todos ellos están tipificados en el título octavo del Código Penal, bajo la nomenclatura de “Delitos contra el orden público”, desde el artículo 209 en adelante. Significativamente, el mismo Gobierno que poco tiempo atrás los calificaba como ejemplo de lucha por los derechos colectivos, la misma gestión que armó una puesta en escena en el Corsódromo de Gualeguaychú y dictaminara que la protesta de la Asamblea era “causa nacional”, ahora considera “sediciosos” y “delincuentes” a quienes cortan la Ruta en Arroyo Verde. Pero no se trata de un “cambio de estrategia” del oficialismo. Se trata de una nueva y perversa manipulación de los hechos y de las personas, una nueva expresión del cinismo con el que ha gestionado esta controversia a lo largo de estos años. La desmesura alentada primero es ahora calificada como delictiva por los mismos que la entronizaron como ejemplo social. El “progresismo” kirchnerista que aseguraba que jamás criminalizaría la protesta social, acaba de imputarles delitos gravísimos a quienes se vieron empujados por la irracionalidad alentada desde los encargados de velar por las instituciones públicas, en lugar de apoyar las salidas dialogadas y mesuradas que fueron propuestas en vano todos estos años por diferentes actores.
Sería interesante preguntarle a Aníbal Fernández por qué no promovió acciones similares contra Néstor Kirchner, Jorge Pedro Busti, Sergio Daniel Urribarri y demás funcionarios nacionales, provinciales y municipales, que se encuentran incluidos en otro de los artículos que integran ese capítulo del Código Penal, a saber el Art.235. ¿Qué dice? Transcribimos textualmente: “Los funcionarios públicos que hubieren promovido o ejecutado alguno de los delitos previstos en este título, sufrirán además inhabilitación especial por un tiempo doble del de la condena”. Ni siquiera es necesario enumerar las numerosas acciones que los comprometen en ese sentido. Son públicas.
Los motivos de la lucha de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú siguen vigentes y son legítimos en su preocupación por la posible contaminación de su ciudad y su río; que no han recibido respuestas razonables desde el Estado durante más de un lustro, y por el contrario fueron objeto de una estrategia zigzagueante, oportunista e indigna de ser parte de una política de Estado, que indudablemente debió haber sido abordada de otro modo y en relación a lo cual algunos nos cansamos de advertir que era necesario abandonar hipérboles y desmesuras y avanzar en otros sentidos(6). En el mismo sentido, hoy debe señalarse con severidad que es inadmisible que el mismo Estado que alentó aquellas luchas, califique como “delincuentes” y “sediciosos” a los vecinos de Gualeguaychú, que tienen el enorme mérito de haber hecho avanzar la conciencia ambiental en la Argentina como nunca antes, así como el de haber instalado la idea de “licencia social”, que marca una dirección de profundización de la democracia en camino de una sociedad más participativa e inclusiva.
La perversidad en el manejo de este conflicto, plenamente consciente del alcance de la acción civil (quizás por aquella frase de Perón de que “la víscera más sensible de los argentinos es el bolsillo”, la vulgarización reduccionista con la que se procesa en el PJ el viejo apotegma marxiano del determinismo economicista) logró sus frutos: el pasado 16 de junio la Asamblea de Gualeguaychú resolvió levantar la medida de fuerza. Ahora será importante entonces exigirle al Ejecutivo que desista de su condición de querellante en la causa, de manera de dejar de lado ese camino poco democrático de atender problemas sociales con el Código Penal en la mano, y por el contrario, retomar el diálogo y la búsqueda de consenso.
*Américo Schvartzman (Concepción del Uruguay, 1969) Docente en Filosofía, periodista, humorista gráfico, dirigente socialista. Dirige “La Vanguardia”, periódico del PS de la Argentina. Fue convencional constituyente en Entre Ríos en 2008. Integra la cooperativa de periodismo y cultura “El Miércoles”. Integra la Junta Americana por los Pueblos Libres. Se lo puede contactar en yuarman@gmail.com
Notas:
1)- M. Svampa y C. Pandolfi, “Las vías de la criminalización de la protesta en Argentina”, en Revista del OSAL Nº 14, 2004.
2)- Entrevista en “La Vanguardia”, noviembre de 2009.
3)- Sitio oficial de la Presidencia de la Nación. “El gobierno no reprimirá a los asambleistas de Gualeguaychú pero iniciará una querella por el corte”, miércoles, 09 de junio de 2010. Disponible en http://www.casarosada.gov.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=7282
4)- Idem. Sitio oficial de la Presidencia de la Nación.
5)- Fallo del Juez Pimentel. Disponible en el Centro de Informaciones Judiciales. www.cij.gov.ar
6)- Un punto de inflexión, señalado en aquel momento por diferentes voces que pretendían llevar sensatez, fue el cambio de consigna, en 2004, cuando se pasó del “No a la contaminación” inicial al “No a la papelera” con el que se marchó hacia una conflagración de todo o nada. También se marcó las incoherencias a las que conducía dicha consigna. Una lucha “antipapelera” consecuente debería empezar por exigir el cierre de todas las papeleras existentes en la Argentina.
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La pasta de la quinta columna progresista
Botnia y la trampa de los hermanos “progre” del capital transnacional
La pasta de la quinta columna progresista
Por Mauricio Castaldo
La lucha de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú abrió una nueva etapa en la historia regional y sudamericana. A través de la acción popular directa ha puesto fuertemente en discusión el modelo hegemónico de contaminación y saqueo, y ha abierto un camino de lucha ambiental anticapitalista, que sólo se hará camino al andar colectivo de nosotros mismos.
Está muy claro que sin el corte y la lucha, nada del modelo pastero-monoproductivo ecocida sería conocido bien públicamente ni cuestionado como se lo cuestiona hoy en día.
Y la profundización de la lucha va superando límites en forma extraordinaria. El último documento de la Asamblea leído en el Puente en este 2010 es una muestra cabal de ello: con fundamentos contrahegemónicos sólidos, los ambientalistas cuestionaron el fallo imperial del Tribunal de La Haya y la complicidad de los estados uruguayo, argentino y entrerriano con el capital multinacional, con la contaminación y con el saqueo. Ya dijeron un par de barbudos alemanes, allá por 1848, que los estados nacionales instituidos no son más que juntas que administran los intereses de la burguesía.
Nadie ha demostrado un camino mejor para lograr que Botnia se vaya y para avanzar en la lucha contra este modelo político dominante. Todos los que han puesto reparos o han querido moderar o intermediar lo han hecho siempre para frenar la lucha y para dar lugar al desarrollo de grandes intereses políticos y económicos.
Frente a la crisis estructural de las infames lógicas civilizatorias occidentales del mercado y de su representación política, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú reactivó en nuestra región el protagonismo popular en las políticas de resistencia a través de las prácticas de democracia directa, que deben ser ejemplo político y pedagógico para todos, más que nunca.
La lucha recién está empezando en este largo día después de mañana que tenemos que frenar. Y allá adelante de los debates, paradojas y desafíos actuales, hay un futuro mejor esperándonos. En el horizonte de la discusión ciudadanía vs piquete, hay un piquete sudamericano por la vida y una ciudadanía piquetera, que frente a la inmundicia infinita de la partidocracia mercantil y la compra-venta de voluntades, prensa y conciencias, es la única forma de ser persona digna y de empezar a construir una ciudadanía plena. Superar miedos y prejuicios servirá para el encuentro definitivo en la lucha de las clases y causas populares. La riqueza y el potencial que tiene el debate de la Asamblea de Gualeguaychú es extraordinario.
La radicalización de la ética política ambientalista, las propias contradicciones del poder político argento y la revitalización colectiva de los ideales artiguistas sudamericanos, liquidó el discurso de la “causa nacional” kirchnerista. De los discursos de los progresismos nacionales pseudochauvinistas pasamos a los discursos de los progresismos nacionales fraternos -pepista y kirchnerista-. La trampa del chauvinismo -que no está cerrada- se articuló con la nueva trampa progresista.
Eso sí, quedó clarísimo que la nueva fraternidad política entre los progres de las dos orillas era una fraternidad superestructural, una hermandad-en-el-mercado (con guiones existenciales heideggerianos, peronistas y emepepistas): la causa nacional se transformó, se sinceró, como kausa nacional kerellante. El progresismo berreta liberal postmoderno es un progresismo que utiliza letra de Onganía para atacar judicialmente ahora a los ambientalistas entrerrianos. Los progres cambian de piel pero siempre juegan a favor del capital y de la partidocracia rastrera, y en contra de la lucha popular, de la democracia directa y de la transformación ecológica y social, que pone en peligro las propias bases de sustentación del régimen de cosas existente.
La hermandad corporativa de los que transan y traicionan debe ser enfrentada firmemente por la hermandad de los que luchan. La quinta columna de estos pagos es la hermandad de los caín que buscan ensuciar el nombre de Artigas: mientras su gobierno k -el gobierno del progresista Aníbal Fernández y de todos esos grandes dirigentes nacionales y populares- hambrea a los trabajadores y al pueblo y amenaza penalmente a los asambleístas, el diputado Barrandeguy sale a hablar -con algún colega frenteamplista y algún intelectual universitario siempre abierto y predispuesto- de la “hermandad artiguista” para profundizar el ataque ideológico contra el corte y contra la lucha, y para dejar despejado el camino a Botnia y al saqueo. La quinta columna progresista es el brazo político y legal de Botnia, del mercado y del saqueo.
La quinta columna va a ser derrotada, porque cuando la cara se termina de poner dura se resquebraja y se termina cayendo sola a pedazos. Se multiplican en todo Entre Ríos las firmas solidarias con los asambleístas en la kerella legal de los progresistas con precio.
El desafío de la Asamblea es potenciar su autonomía y su independencia del Estado, de los partidos, de la prensa operadora y del mercado, y aunar esfuerzos en la acción directa junto a ecologistas y militantes populares uruguayos y altermundialistas. Hay que dejar sin recursos económicos y políticos a Botnia y para eso hará falta un salto solidario internacionalista y autónomo en la lucha.
La asamblea recompone fuerzas después de una discutida tregua que dejará sin sentido las mentiras y las últimas trampas de los hermanos progre del capital.
Regresar.
*Prof. Mauricio Castaldo
AGMER María Grande
Foro Artiguista Entrerriano
22/6/2010-Para Río Bravo
mauriciocastaldo@gmail.com
Duros con la Asamblea y blandos con Botnia
Duros con la Asamblea y blandos con Botnia
Gualeguaychú les quitó la careta
Por Santiago García
La histórica lucha del pueblo de Gualeguaychú puso en evidencia el doble discurso del Gobierno. Cuando necesitaban votos, apoyaron a la Asamblea Ambiental con discurso combativo y etiquetaron el conflicto como “una causa nacional”. Hoy que le deben a Mujica la presidencia de la UNASUR, criminalizan al pueblo entrerriano mientras la empresa finlandesa arruina el medio ambiente.
Una de las pocas cartas que le quedaba al kirchnerismo, para mantener el caricaturesco rótulo de gobierno nacional, popular y progresista, era su supuesta “mano blanda” con los luchadores sociales. El pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta, sumado a su desesperación por “volver a los mercados” (imitando al menemismo), no dejaron lugar a la pretendida independencia nacional. La inflación y el festival de subsidios para grandes empresas amigas lo convirtieron en antipopular. Y Gualeguaychú, más la represión en Terrabusi, Baradero, Andalgalá, Bariloche, la ignorada desaparición de Julio López, los casos de gatillo fácil, sumados a los más de 4.000 luchadores sociales procesados, le quitan de un plumazo el falso mote de gobierno progresista.
De todos modos, la actitud que ha tenido el Gobierno Nacional con la masiva y popular lucha que se lleva adelante contra la pastera finlandesa UPM (ex Botnia) merece un análisis especial. Ante todo, se destaca el oportunismo que ha tenido el kirchnerismo, con el matrimonio presidencial a la cabeza. Pasaron de los elogios y el apoyo a la lucha de Gualeguaychú, a la presión sobre la Justicia para que les diera rienda suelta en la persecución de la protesta de la Asamblea, utilizando palabras como “sedición” y usando como instrumento una ley de la época de Onganía. Semejante asedio, a cambio de la presidencia de la UNASUR, que viene a ser el trampolín para Néstor Kirchner 2011, fue pactada con Mujica a cambio del levantamiento del corte. Toda esa presión apenas consiguió una suspensión del corte por 60 días en los cuales nadie espera avances contra Botnia, sino una carrera contra el tiempo para desactivar la lucha y evitar que Arroyo Verde vuelva a cerrar el puente. Si bien el presidente uruguayo abrió la puerta para el monitoreo, hay que tener en cuenta que el verborrágico Aníbal Fernández ya deslizó que duda de la contaminación de la papelera, algo que ni La Haya se atrevió a hacer. Simplemente, la Corte Imperial de Justicia (cuyos jueces son conocidos popularmente en la Costa del Uruguay como “Los Peluca”) destacó que no se pudo comprobar la contaminación. Claro que esa tarea se hace imposible si sólo se toman en cuenta las pruebas de la propia empresa.
Sin embargo, para no correr el eje hacia los intereses mezquinos de unos pocos, la cuestión más importante a discutir debería ser si la protesta que se lleva adelante es justa. En ese sentido, el derecho a la vida que defienden los miles y miles de ciudadanos de Gualeguaychú (fueron más de cien mil en la última marcha) y quienes acompañan su lucha, está por encima de la libre circulación y de cualquier otro derecho que se quiera evocar. En materia ambiental, el principio que rige es el de proteger la naturaleza ante la duda de un riesgo posible, y eso no se cumplió. A su vez, especialistas de la UBA presentaron un informe que da cuenta de niveles de contaminación inéditos. De hecho, ha habido episodios que dan cuenta de olores nauseabundos e intoxicaciones en el río Uruguay, que son sólo muestras de una problemática que seguramente se puede profundizar con el correr del tiempo. Lo más triste de todo, es que la empresa se lleva todas sus ganancias a Europa, y ni siquiera emplea un número considerable de uruguayos que pudieran justificar algún tipo de conflicto de intereses. El tema de la soberanía es otro gran asunto que los gobiernos de ambas orillas se niegan a discutir.
En conclusión, a pesar de los constantes intentos de apagar la lucha de Gualeguaychú, los dos meses de suspensión del corte de Arroyo Verde, son una papa caliente en las manos de los gobiernos de las dos orillas del río Uruguay. Habrá que ver si vence la política de persecución (que incluye a plumas sobrevaloradas como la de Eduardo Aliverti, quien ya destacó la presencia de “campestres” entre los miembros de la Asamblea), o si se impone la voluntad popular del traslado definitivo de la pastera. La unidad, la masividad y la justeza de las medidas que se encaren, serán la clave para conocer la respuesta a esta incógnita. Quizás, de eso dependa buena parte de nuestra calidad de vida.
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